Percibida por la opinión pública como una suerte de árbitro de cara a las licitaciones públicas tras su inserción como garante de transparencia para las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, la OCDE ya tiene su primera chamba, colocada en la mesa en noviembre del año pasado.
La solicitud es para investigar la madre de todos los contratos en materia de arrendamiento de vehículos por parte del Gobierno federal, con cargo, en este caso, a la Comisión Federal de Electricidad.
El documento avala la posibilidad de arrendar un mínimo de siete mil 164 y un máximo de ocho mil 587 en un lapso de tres años, del 2014 al 2017, con una contraprestación de cuatro mil 421 millones 799 mil 312 pesos, es decir, casi la mitad del recorte presupuestal de 10 mil millones que sufrió la hoy empresa productiva del Estado.
Otorgado éste el 9 de septiembre del año pasado por adjudicación directa a cuatro empresas: Casanova Vallejo, Arrendamóvil de México, Integra Arrenda y Ferbel Norte, en el escenario se plantean una serie de irregularidades.
Aunque la invitación apuntaba a 17 empresas inscritas en el mercado de proveedores del acuerdo marco en que se obliga a las entidades públicas a arrendar en lugar de comprar vehículos, llama la atención que el 82% del contrato se le haya adjudicado a una sola de ellas.
Estamos hablando de Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos Joaquín y Carlos Echenique Casanova.
El monto del contrato es de tres mil 620 millones de pesos por el arrendamiento de seis mil 58 vehículos como mínimo.
Para Integra Arrenda fueron 751 millones: para Arrendamóvil de México 37, y para Ferbel Norte 10.
Los contratos apuntaban a vehículos utilitarios sedán, Pick up, Vans de carga y de pasajeros, además de motocicletas.
El caso es que en el renglón específico del modelo Pick up tipo Colorado LTZ 2014 se aceptó un sobreprecio de más de 50%, dado que, de acuerdo con el análisis costo-beneficio realizado en febrero del año pasado, es decir, cinco meses antes de que se lanzara la convocatoria, el precio diario de arrendamiento de ésta sería de 400 pesos.
El contrato a Casanova Vallejo plantea 665 pesos, lo que implica un costo mayor en 66%.
El monto total adicional es de mil millones de pesos.
En paralelo, aunque el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios al Sector Publico obliga a que si una licitación rebasa un monto equivalente a cinco millones de días de salario mínimo vigente (70.10 en este año), es decir, 350 millones 300 mil pesos, la dependencia que la lanza está obligada a nombrar un testigo social para transparentar el proceso.
La CFE no lo requirió, por más que, decíamos, el contrato era por cuatro mil 424 millones de pesos.
Aunque la Comisión Federal de Electricidad tiene el status de empresa productiva del Estado, mientras no se reglamente sobre la franja se sigue rigiendo como entidad del Gobierno federal.
El año pasado Casanova Vallejo recibió un total de 58 contratos por asignación directa por parte de diversas instancias del Gobierno federal, concretamente 18 de ellas, por un monto de cuatro mil 66 millones de pesos.
En la ruta, en 2013 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realizó una investigación tras la adjudicación de un contrato, que concluyó en que éste se había pactado con un sobreprecio de 16 millones de pesos.
Los vehículos arrendados eran Toyota Corolla XLE.
Lo curioso del caso es que la convocatoria la lanzó directamente la Dirección General de la exempresa pública, por más que ésta cuenta con una Dirección de Operación, encabezada por Carlos Hernández Ayala.
La batuta la tomó el director de Administración, Héctor de la Cruz.
Licitación de la discordia.
BALANCE GENERAL
De acuerdo con una lista divulgada el viernes pasado por el PRI, saldría del gabinete presidencial para ser candidato a diputado de partido el secretario de la Presidencia, Aurelio Nuño, pese a que se había negado con insistencia desde Los Pinos la posibilidad.
En paralelo, se hablaba de los secretarios del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a quien hace semanas se le candidateaba como relevo para la Procuraduría General de la República; el de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, y el de Educación Pública, Emilio Chuayffet, quien había nadado de "muertito".
La filtración, que se adelantaba un día a que se oficializaran los nombres, levantó especulaciones entre el sector empresarial.
Se hablaba, por ejemplo, de que el cargo de Aurelio Nuño lo asumiría el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo que lo bajaría en automático de la carrera presidencial.
A relevo de éste, según esto, entraría el canciller José Antonio Meade, quien regresaría al cargo.
La lista llegó a personajes afines al partido.
UNA Y UNA
En su último reporte en que ratifica la calidad crediticia del país de BBB+ con perspectiva estable, la calificadora Fitch Ratings plantea un escenario de claroscuros en el país, que, sin embargo, a su juicio no alteran el equilibrio.
Si desde un ángulo México vive un escenario de creciente violencia y corrupción "de alto perfil", que han mermado la confianza en el país, del otro se pondera la férrea disciplina financiera que ha permitido la estabilidad macroeconómica.
El país, señala letra por letra el documento, tiene una posición relativamente baja en términos de indicadores de gobernabilidad relacionados con el Estado de derecho.
Sin embargo, se habla de que en la otra cara de la moneda existen desequilibrios bajos y no existe posibilidad de sobresaltos, dado que los bancos están bien capitalizados.
Una y una, pues.
APUESTA AL TIEMPO
Aunque mantiene el orden para las licitaciones de la llamada Ronda Uno en el escenario de los campos que dejó de lado Petróleos Mexicanos, el gobierno está alargando los tiempos en la esperanza de que se equilibre el precio del combustible.
De entrada, ya le dio pauta a la protesta de los participantes en la primera fase, al limitar la posibilidad de integrar consorcios.
La alternativa colocaba en la mesa el platillo más codiciado, 14 bloques para exploración en aguas someras, donde la extracción por barril de crudo cuesta 20 dólares.
En la segunda fase se colocarán en línea campos de petróleo extrapesado, cuyo precio resulta muy inferior al del ligero, dado la dificultad de refinación.
Peor aún, en el tercero se plantean campos maduros de tierra como el de Chicontepec, cuyo ejercicio de exploración reclama una multitud de exploraciones costosas.
La última apuesta a la exploración y explotación en aguas profundas, que a los precios actuales de la mezcla mexicana se vuelve prohibitiva su extracción.
