Junto con la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la captura de Servando Gómez “La Tuta” representa uno de los golpes más fuertes que las autoridades federales han dado al crimen organizado en los últimos años. Dicho golpe, sin duda, afectará la estructura de uno de los cárteles que ha sumido a Michoacán en una ola de violencia sin precedentes. No obstante, es importante que las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblen esfuerzos para contener los efectos negativos que el descabezamiento del cártel pudiera tener y, sobre todo, para evitar que surjan otros grupos que intenten aprovechar los vacíos que deje la banda criminal de “La Tuta”.
Un ejemplo que demuestra que los grandes golpes a los cárteles no necesariamente repercuten en una disminución sostenida de la actividad delictiva es Tamaulipas, en donde a pesar de la muerte o captura de los líderes de las dos principales bandas rivales, la violencia sigue azotando al estado, sobre todo a la región fronteriza. Hoy, Tamaulipas, junto con Guerrero, sigue siendo uno de los principales focos rojos en el país.
Sin embargo, hay otras regiones que muestran que el impacto directo a los cárteles sí puede incidir en una disminución de la violencia. Tal es el caso de La Laguna, dividida en los estados de Coahuila y Durango, que desde el desmantelamiento del cártel más agresivo en 2013, ha experimentado una baja en la cifra de delitos de alto impacto. Falta ver si estamos frente a una tendencia sostenida o frente a un impasse que en cualquier momento puede volver a poner en jaque a la sociedad y al gobierno. Y es que, aunque en esta región la actividad delictiva ha disminuido, existen indicios claros de que hay grupos que siguen operando.
El golpe dado con la captura de Servando Gómez representa un punto a favor del gobierno federal, pero también plantea retos para las autoridades de los distintos niveles. Entre ellos destacan el combate frontal a las fuentes de financiamiento de los grupos criminales; el fortalecimiento de la cohesión social y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sobre todo en los sectores más vulnerables; el incremento de la eficiencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la seguridad; el establecimiento de mecanismos para evitar la infiltración y la corrupción de las corporaciones policiacas, y el mejoramiento de todo el aparato de seguridad y procuración de justicia.
Sólo con la aplicación de medidas claras en estos aspectos se podrá avanzar con firmeza en cortar el círculo de la violencia que tanto daño le ha hecho al país. En este sentido, el golpe directo a las cabezas de los grupos criminales es apenas el principio.
