La renuncia de Jesús Murillo Karam y la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de ratificar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a Arely Gómez como nueva procuradora, abre una gran posibilidad de que el Senado de la República enmiende el error que cometieron al aprobar en el Decimosexto transitorio de la reforma político-electoral en diciembre del 2013, que el procurador en funciones continúe en el cargo como Fiscal General por un lapso de nueve años.
La redacción del transitorio aprobado en aquella ocasión no mantiene en su cargo a quien funja como procurador hasta el término del actual sexenio, sino en automático le otorga el carácter de titular de la Fiscalía General y, por ende, lo designa por los nueve años establecidos en el Apartado A del artículo 102 de la Constitución, lo cual lleva a que la persona ratificada continúe en funciones en el siguiente gobierno.
Al margen de la interpretación que se le dé a la redacción constitucional (de si son nueve años a partir de su designación o nueve años a partir de que pasa a ser Fiscal General) la persona que ratifique el Senado como procurador ejercerá su cargo casi hasta la conclusión del siguiente sexenio (ya que si es ratificado la próxima semana -en la interpretación más limitada- su encargo concluirá en marzo del 2024, es decir, siete meses antes de que concluya el encargo del siguiente presidente), salvo que el siguiente presidente de la República lo remueva y el Senado, en su momento, no formule objeción a dicha medida.
Pero la posibilidad que hoy se le presenta hace que el Senado eleve las exigencias al candidato a ser procurador y no ratifique en automático la propuesta presidencial, como ha sido la práctica hasta estos momentos. En ocasiones anteriores los legisladores de la oposición prácticamente han abdicado de su posibilidad de rechazar una propuesta presidencial, pues consideran que la disposición que les otorga la facultad de ratificar la designación del procurador es prácticamente decorativa, es decir, no contempla la posibilidad de votar en contra.
Sin embargo, en esta ocasión por las consideraciones hechas en los párrafos precedentes, la ratificación trascenderá el actual sexenio, ya que de acuerdo con la reforma constitucional y el correspondiente transitorio la persona designada continuará en funciones, al menos, por los siguientes nueve años.
La reforma, que ni siquiera era contemplada en el momento en que se ratificó la designación de Murillo Karam, modifica totalmente la trascendencia de la decisión que tomará el Senado, por dos razones: una -para efectos prácticos-, brinda inmunidad al actual Presidente de la República, pues el Fiscal anticorrupción puede incluso ser removido por el Fiscal General, así que el procurador que él designe será el encargado de cubrirle las espaldas una vez que él abandone el cargo; dos, porque marca en forma definitiva el gobierno del siguiente presidente, ya que la designación del primer Fiscal General no se hace en los términos del procedimiento establecido en el Apartado A del artículo 102, en el que la propuesta nace del Senado, sino bajo el anterior procedimiento.
El Senado y, particularmente los senadores de la oposición, deben tomar conciencia de la oportunidad que les abre el movimiento que hizo en su gabinete el presidente Peña Nieto y actuar en consecuencia. Las alternativas que tienen frente a sí, básicamente son dos: una, elevar las exigencias y nombrar a un profesional que les brinde todas las garantías y no simplemente alguien de la confianza del presidente en turno, como es el caso de Arely Gómez; y dos, obligar a que se derogue o reforme el citado Decimosexto transitorio, en el primer caso para que incluso el primer Fiscal sea designado bajo el nuevo procedimiento y, en el segundo, para que su encargo termine con el actual sexenio.
La importancia de la decisión que tiene frente a sí el Senado crece también por el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado el jueves pasado en la Cámara de Diputados, y cuya minuta llegará la próxima semana al Senado. Una de las piezas fundamentales de dicho sistema es precisamente el Fiscal Especial anticorrupción que será el responsable de integrar los expedientes de los funcionarios públicos acusados de algún delito. Y este fiscal operará bajo la supervisión del Fiscal General, con lo cual no únicamente hay que garantizar la independencia y autonomía del mismo, sino también de la dependencia en lo general.
Contrario a lo que sucede en la Cámara de Diputados, en el Senado el PRI y sus partidos satélites (PVEM y Panal) no consiguen la mayoría absoluta, por lo cual necesitan necesariamente de los votos de algunos de los senadores de la oposición. Así que Peña Nieto, consciente o inconscientemente, les brindó una oportunidad para enmendar su error.
Los senadores tienen frente a sí dos decisiones de gran trascendencia: la ratificación del procurador y la designación del nuevo Ministro de la Corte; en ambos casos Peña Nieto ha enviado propuestas muy cuestionables y que en nada contribuirían a los equilibrios que se buscan construir con las entidades autónomas y la separación de poderes. A lo largo de estos 26 meses de gobierno, los senadores tricolores han dejado plena constancia de su sometimiento a la voluntad del Ejecutivo; así que los senadores de oposición tienen que decidir si nuevamente abdican de sus responsabilidades o cumplen con su deber.
