De pronto se puso de moda la transparencia entre los políticos mexicanos luego de años y más años de opacidad y nula rendición de cuentas.
En pleno Día de la Bandera, allá en la ciudad de México, finalmente se destrabó el nudo gordiano al anunciarse la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, una iniciativa lanzada y acariciada por Acción Nacional.
El líder de la bancada blanquiazul Ricardo Anaya, junto a sus contrapartes del PRI, Manlio Fabio Beltrones y del PRD, Miguel Alonso Raya, difundieron el acuerdo parlamentario que representa un avance crucial en el combate a la corrupción de los funcionarios públicos.
La propuesta de ley otorga nuevas facultades a la Auditoría Fiscal de la Federación a favor de la transparencia administrativa y dispone, entre otras cosas, que el Secretario de la Función Pública sea ratificado en su cargo por el Senado de la República.
Por desgracia los diputados no se despojaron de su espíritu burocrático al promover la creación del Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar casos graves de corrupción, aparato que evidentemente se convertirá en una carga más para el erario federal.
El Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto en meses pasados por el Partido Acción Nacional, dormía plácidamente en la congeladora de San Lázaro hasta que los escándalos de las residencias financiadas por constructoras a políticos amén de otros tantos casos de mal manejo de recursos, obligó al PRI y al resto de los partidos a apoyar esta iniciativa.
Todavía falta la aprobación en el Senado y posteriormente la de los congresos estatales para que entre en vigor este sistema que esperemos sirva realmente para contener el frenesí y la ambición sin límite de buena parte de los servidores públicos.
Mientras todo esto sucedía en el acalorado Palacio Legislativo, en la lejana ciudad de Hermosillo, Sonora, el gobernador Guillermo Padrés se reunía con sus hermanos Héctor Jesús, Miguel y Julio César, para dar a conocer su patrimonio familar valuado en poco más de 262 millones de pesos.
Ante la sorpresa de los reporteros que no daban crédito de la inusitada declaración, Padrés y sus hermanos desglosaban sin sobresaltos una abultada lista de propiedades tales como ranchos, terrenos y negocios, bajo el argumento de que los sonorenses desean conocer el patrimonio de los funcionarios públicos y en este caso de su gobernador.
Las reacciones no se hicieron esperar, en las redes sociales corrió la versión de que un reportaje en el periódico The Wall Street Journal revelará en los próximos días la riqueza inexplicable del gobernador Padrés y su familia.
No hay que olvidar que en medio del fuego electoral, el mandatario sonorense ha estado en el ojo del huracán debido a la presa ilegal de su rancho "Pozo Nuevo" y a constantes versiones de corrupción entre sus familiares cercanos.
Pero en tanto descubrimos si las intenciones informativas de los hermanos Padrés fueron de buena fe, cabe señalar que el patrimonio revelado resulta impresionante, incompleto y sospechoso.
Impresionante porque no cualquier familia sonorense puede presumir de tal riqueza, sin descartar la posibilidad de que los Padrés sean buenos empresarios y negociantes.
Incompleto porque no se dieron a conocer cuentas bancarias locales ni del extranjero que obviamente se requieren para manejar tantos negocios y que pudieran ser cuantiosas. Tampoco las declaraciones fiscales.
Y sospechoso porque no se sabía que los Padrés gozaran de tal solvencia económica hasta los años más recientes cuando Guillermo llegó a la gubernatura.
Sin embargo, vale reconocer la audacia e incluso lo arriesgado que representa para una familia ligada a la política revelar tal paquete patrimonial.
Ya quisiéramos ver sentados en una rueda de prensa a los Salinas de Gortari, a los Hank Rohn y a los Moreira Valdez --por citar a tres de los cientos de clanes políticos millonarios--, divulgando sus propiedades y negocios.
Esperamos que todo lo anterior no sea una moda pasajera sino el preludio de un cambio profundo y radical en cuanto a la transparencia y honestidad de los funcionarios públicos.
Algo parecido a los que vivimos a finales de los años 90 cuando el autoritarismo electoral sucumbió en México.
Pero sin comer ansias porque mientras no se dé un cambio de actitud entre los servidores y opere un sistema judicial independiente, no llegaremos muy lejos.
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