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Aprueban plan anticorrupción

LA PROPUESTA AVALADA REFORMA 14 ARTíCULOS CONSTITUCIONALES

Cambios. Tras duras y largas negociaciones, los diputados aprobaron en lo general el tan esperado Sistema Nacional Anticorrupción, al que turnan ahora al Senado. (EFE)

Cambios. Tras duras y largas negociaciones, los diputados aprobaron en lo general el tan esperado Sistema Nacional Anticorrupción, al que turnan ahora al Senado. (EFE)

ELIA BALTAZAR

Con la aprobación de las reformas constitucionales para combatir la corrupción en el país, los estados deberán instalar sus propios sistemas locales anticorrupción, como instancias de coordinación para el diseño y evaluación de políticas públicas, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, y promoción de la integridad pública.

Las reformas aprobadas ayer por el pleno de la Cámara de Diputados otorgan facultades al Congreso para expedir una ley general que establezca las bases de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que participarán en el Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de homologar acciones y aplicar estándares más altos de integridad pública y combate a la corrupción.

Aprobadas en lo general con 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, las reformas fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el destino y ejercicio de las participaciones federales en estados y municipios, así como los recursos de fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.

El dictamen, que pasará a la Cámara de Senadores para su discusión y posible aprobación, establece un nuevo esquema para fincar responsabilidades a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves y hechos de corrupción.

Para ese propósito habrá tribunales en la materia que determinarán la responsabilidad de los particulares y, en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

Con las reformas el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Este órgano conservará sus competencias fiscales y en adelante tendrá facultades para sancionar por responsabilidades administrativas graves a servidores públicos de la Federación y --en los casos previstos en la Constitución-- de los estados, municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones, así como a particulares involucrados en faltas administrativas graves.

Las reformas además amplían de tres a siete años el plazo para la prescripción de sanciones administrativas graves.

En el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción habrá además un comité coordinador que determinará los mecanismos de coordinación con los sistemas locales y contará con mecanismos deliberativos y capacidad de incidencia nacional.

Este comité podrá diseñar políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, para prevenir las causas que los generan.

Para hacer transparente su actuación, el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá elaborar un informe anual con los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de las políticas y los programas en la materia.

También asumirá la atribución de emitir recomendaciones a las autoridades para que adopten medidas institucionales para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Las autoridades que reciban las recomendaciones deberán informar al comité sobre la atención a las mismas.

Además prevé un esquema preventivo para que las autoridades competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y el abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos que han facilitado la corrupción sistemática.

Este comité estará integrado por los titulares de la ASF, la fiscalía responsable del combate a la corrupción, la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

También formarán parte el comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la Constitución (relacionado con el derecho a la información), un representante del Consejo de la Judicatura Federal y uno del comité de participación ciudadana.

Este comité ciudadano tiene como propósito garantizar la participación de la sociedad y fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.

Estará conformado por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y será una instancia meritocrática y especializada.

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