El diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de la desaparición forzada de su hermano el empresario Zito Ángel Zanatta, el cual fue visto por última vez en territorio veracruzano y detenidos Policías Municipales del Ayuntamiento de Orizaba como responsables.
Estamos pidiendo a las autoridades que la PGR atraiga el caso y estamos pidiendo que se esclarezca esta situación y se determine qué pasó con mi hermano y no vamos a detenernos hasta saber que pasó, afirmó.
Si bien reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables de la desaparición de su hermano, afirmó que buscará que la PGR atraiga el caso para ver si puede ahondar en las indagatorias.
No me quejo de la Fiscalía de Veracruz, el Fiscal Luis Ángel Bravo demostró que hay voluntad de parte del gobierno de Veracruz para que se esclarezca el caso, pero creo que la PGR puede investigar más el caso () pues aún no sabemos dónde está mi hermano, cual es el paradero de mi hermano, agregó.
Siete agentes policiacos del municipio de Orizaba (Veracruz), recibieron formal prisión acusados del delito de desaparición forzosa cometida en contra del hermano del actual diputado local del PRI de Puebla.
A finales del mes de enero, el Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Orizaba, dictó el auto de formal prisión a siete Policías Municipales de Orizaba, ayuntamiento ubicado en la zona montañosa central de Veracruz, acusados de la "desaparición forzada" del empresario Zito Ángel Zanatta Vidaurri.
El empresario fue detenido a mediados de octubre por elementos de la Policía Municipal después de reñir con un joven; ambos fueron detenidos, pero tras pagar la multa administrativa quedaron en libertad y desde ese día Zito Ángel no volvió a su domicilio.
A partir de la fecha y derivado de las investigaciones de campo e inteligencia policial entre los que se encuentra el análisis de videofilmaciones de diferentes cámaras de seguridad, entre ellas las de las instalaciones de Seguridad Pública municipal, se pudo acreditar la probable participación de los policías municipales en el ilícito.
Aún quedan por ejecutar cinco órdenes de aprehensión dentro de la misma causa penal y la Fiscalía General mantiene la búsqueda del empresario.
En entrevista, el legislador priista anunció además que el caso lo llevará al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
