Luego de dos años de discusión, el Senado aprobó las reformas constitucionales para regular el endeudamiento de estados y municipios, que pasará ahora a los congresos locales para su votación y, en su caso, promulgación.
Con 89 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, los senadores avalaron por fin la minuta de la Cámara de Diputados que establece condiciones para la contratación de deudas locales, entre otras, la aprobación y vigilancia del propio Congreso de la Unión.
Al reformar los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución, el Congreso tendrá facultades para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, con el propósito de garantizar un manejo sostenible de las finanzas en la Federación, las entidades y los municipios.
En adelante, el Congreso tendrá facultades para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación; aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, y analizar la estrategia de ajuste en las finanzas de los estados.
Las reformas también fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y dependencias de fiscalización estatales para vigilar el destino y ejercicio de los recursos que contratan estados y municipios, que cuentan con la garantía de la Federación.
Los legisladores establecieron, entre otras reglas, prohibir que estados y municipios ofrezcan como garantía recursos federales para la contratación de deuda, y los obliga a publicar de manera oportuna todos sus empréstitos en un registro único.
De 2007 a la fecha la deuda de estados y municipios se triplicó, al pasar de 186,000 millones de pesos (mdp) a 509,000 mdp.
Un caso llamativo es el de Coahuila, en donde la deuda se multiplicó 112 veces en el sexenio anterior (2005-2011), al pasar de 323.2 mdp a 36,509.6 mdp, sin que a la fecha se haya transparentado en su totalidad.
