Los planes del presidente Enrique Peña Nieto y el PRI de consolidar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar las nueve gubernaturas en disputa parecen desvanecerse; hasta septiembre del año pasado, la única preocupación del gobierno federal era como impulsar el crecimiento económico, pero repentinamente el panorama empezó a nublarse: en el mes patrio afloraron los crímenes de Estado de Tlatalaya e Iguala; en octubre se aceleró la caída de los precios del petróleo, que había iniciado desde julio; y en noviembre empezó a destaparse la compra de casas a los constructores favoritos del sexenio.
La cercanía de la jornada electoral, que la reforma político-electoral del 2014 adelantó al 7 de junio, ya puso nervioso al gobierno federal que trata de cerrar todos los expedientes, aunque sin resolverlos. Así la semana pasada prácticamente ignoró la denuncia del Wall Street Journal sobre la casa en un exclusivo club de Ixtapan de la Sal que el presidente Enrique Peña Nieto le compró en el 2005, recién llegado a la gubernatura del Estado de México, al constructor Roberto San Román; el asunto no mereció ningún comentario o alusión por parte del Presidente y su dirección de comunicación social se limitó a emitir un escueto boletín de prensa, donde negaba cualquier conflicto de interés.
El pasado martes 27 de enero, Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, dio por cerrado el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al señalar que las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Terco o El Cepillo, detenido el 15 de enero, coincidían con las confesiones de los otros detenidos y, por lo tanto, se confirmaba que los desaparecidos habían sido asesinados, calcinados y sus restos desaparecidos. La PGR intenta con ello darlo por terminado y sacarlo de la agenda pública.
Y el viernes 30 de enero, Luis Videgaray, titular de Hacienda, anunció un recorte en el presupuesto federal de este año de poco más de 124 mil millones de pesos, equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto y al 2.65% del presupuesto aprobado; de acuerdo a sus declaraciones el 35% del recorte proviene de inversión y el 65%, de gasto corriente. El recorte se anuncia poco más de un mes después (el 19 de diciembre de 2014) de que Videgaray, afirmaba categóricamente que no habría recorte al gasto público.
El secretario enfatizaba, en ese entonces: "Afortunadamente hemos cubierto el precio del petróleo, con independencia de dónde esté el precio en los mercados internacionales. Hemos cubierto todo el ejercicio 2015 a un precio de 79 dólares por barril, muy por arriba de lo que hoy tienen los mercados internacionales… tomamos una medida a tiempo que nos permite no solamente proteger los ingresos del gobierno federal sino también gasto público federal para todo el año 2015".
Pero pronto tuvo que revertir sus afirmaciones y reconocer que la caída del precio de la mezcla mexicana de petróleo de más del 60%, con respecto al precio de 102 dólares por barril que alcanzó en junio del año pasado, a los 40.40 dólares a su cierre del viernes 30 de enero, sí impactaba los ingresos fiscales y, por lo tanto, era imperativo hacer un ajuste en el gasto público.
A pesar de que Videgaray afirmó en su mensaje que no se harían ajustes en la previsión de crecimiento del PIB, estimado en un rango de 3.2 a 4.2 por ciento; por la tarde, Alfredo Coutiño, director para Latinoamérica de Moody's Analytics, declaró al portal de Reforma que el anuncio obligaba a ajustar el pronóstico de la tasa de crecimiento al 2.5%, es decir, un impacto de 0.8 puntos porcentuales, con respecto al 3.3% que la misma correduría había previsto en diciembre pasado.
De acuerdo al portal, Coutiño habló incluso de la probabilidad de que el crecimiento se redujera al 2% y enfatizó: "El recorte al gasto público es una confirmación de un 'fracaso parcial' de la reforma fiscal, y una de las razones detrás de ella era la necesidad de reducir o incluso romper la dependencia de las finanzas públicas con respecto al petróleo". Esta última puntualización prácticamente desmiente la afirmación que el Presidente hizo en su mensaje de Año Nuevo, en el que pretendía atribuir el fin de los "gasolinazos" (así los llamó) a los ingresos extras generados gracias a la reforma fiscal.
El gobierno federal apresuró el anuncio del recorte presupuestal para tratar de evitar que el tema distraiga la atención durante las campañas electorales. De hecho intentó dejar atrás los tres asuntos que más ocupan a la opinión pública en los últimos meses, para buscar reposicionarse en los cinco meses que faltan para la jornada electoral. Pero será difícil concretar sus intenciones, pues los padres de los normalistas desaparecidos y los activistas sociales no parecen dispuestos a darle carpetazo al tema; y, de acuerdo a lo sucedido hasta hoy, los medios de comunicación siguen buscando nuevos casos de corrupción y/o conflictos de interés, así que en cualquier momento pueden surgir nuevos escándalos.
Y, aunque los comunicadores oficiales fuesen exitosos en este intento, es un hecho que para la jornada electoral lo único que podrán intentar vender son sus pronósticos optimistas respecto al futuro de la economía nacional, pues en los cinco meses que restan para la jornada electoral no habrá resultados concretos que divulgar.
Así que están todos los elementos para que el PRI y sus aliados pierdan posiciones en las elecciones del 7 de junio y lo único que puede salvarlos es la debilidad de sus principales opositores: PRI y PRD.
