En el arte de transformar adversidad en oportunidad es donde el político deja ver si tiene madera de estadista o pasta de administrador. Hoy, el país se encuentra en ese punto de inflexión y, ante la calamidad, su clase política no deja ver de qué está hecha.
Decir, entonces -como afirma el jefe del Ejecutivo-, que "lo importante es no quedarse varado, paralizado y estancado, sino siempre dispuestos a seguir avanzando" obliga a cuestionar no el avance, sino su dirección. Si avanzar supone seguir por donde vamos, la adversidad no tardará en reciclarse; si implica ensayar nuevos derroteros, quizá, se esté ante una oportunidad.
¿Cómo y a dónde quiere ir la clase política? Es ella la que está atrapada en la contradicción de su discurso y su práctica política, no la sociedad que en su pluralidad, por no decir en sus polos, sabe dónde se encuentra y a dónde quiere ir.
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Si la rabia y el dolor provocado por lo ocurrido a los cuarenta y tres normalistas exigían dar con su paradero y castigar a sus verdugos, el fondo de esa infamia reclamaba y reclama abatir la asociación de crimen y política.
El trabajo realizado por la Procuraduría General de la República atiende y responde a lo primero, no a lo segundo. Aun con sus bemoles, la indagatoria aclara que los muchachos no están desaparecidos, sino muertos: fueron privados de su libertad y de su vida, incinerados y arrojados como basura a un río. El crimen perpetrado por delincuentes con y sin uniforme ha sido esclarecido. Sin embargo, de la asociación crimen y política poco se sabe.
De las múltiples confesiones presentadas por el procurador Jesús Murillo Karam ni una sola corresponde a los políticos involucrados. Los desaparecidos, ahora, son esos políticos. ¿Nada dijo José Luis Abarca ni su esposa? ¿Se declaró al gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero? ¿Lo mismo se hizo con el delegado de la PGR y los jefes de las guarniciones militares? ¿O a ellos ni con el pétalo de un citatorio se les molestó? ¿Nada, absolutamente nada, sabían de lo ocurrido en Iguala? ¿Se puede concluir que la penetración del crimen sólo alcanzó al exmunícipe de Iguala, pero no al de Cocula? La parte criminal fue resuelta, no la política. ¿"La verdad histórica" niega la asociación de crimen y política?
Ahora se sabe del destino de 43 normalistas, pero falta conocer el paradero de 21 mil 957 personas. No se puede concluir el caso de Iguala, sin anunciar un programa para dar con quienes todavía faltan y atender a sus familiares. Avanzar sin reparar en ese hecho es seguir en la dirección equivocada.
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Sin restarle un gramo de importancia a los sucesos de Iguala, la airada reacción social en solidaridad con los familiares de los normalistas resume y resumía el hartazgo frente a la asociación de crimen y política, frente al binomio impunidad-pusilanimidad.
Justo al lado de Guerrero, en Michoacán ocurre lo mismo: ¿los gobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna nada absolutamente nada tienen que ver con La Familia y Los Caballeros Templarios? ¿Ambos personajes eran tan, pero tan respetuosos de la autonomía e independencia de la vida municipal que ahí no se metían? ¿En esa entidad no hay brizna alguna de asociación entre crimen y política?
Mil dudas flotan en el ambiente michoacano. ¿La salida del comisionado Alfredo Castillo fue porque, al parecer de candidatos y partidos, la entidad rechina de limpia o porque, pese a la declaración de contar con el respaldo del Estado, se le abandonó a su suerte o porque, en temporada electoral, la seguridad pública es minucia? Sacrificar la seguridad por la política es un tipo de asociación con el crimen.
Esas dudas aplican también en otras regiones o entidades donde hay síntomas de descomposición criminal, social o política o, bien, manifiesta indolencia de sus gobernantes frente a los grupos en auténtica rebelión o en auténtico canje de protestas y bloqueos por canonjías.
Si la idea es no estancarse ni paralizarse sino avanzar, gobierno y partidos tienen que definir a dónde quieren ir: a la simulación de siempre o a la ruptura de paradigmas para reconstituir el tejido social y la vida institucional. ¿Adónde quieren avanzar?
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Hoy, autoridades políticas, electorales y partidistas se desgarran las vestiduras al oír la sugerencia de suspender las elecciones, ahí, donde no hay libertad ni seguridad. Pero ninguna de ellas asume la responsabilidad de diagnosticar en serio si hay condiciones para realizarlas. Avanzar, así, es tanto como dar el siguiente paso rumbo al abismo del continuismo empeñado en simular una normalidad democrática inexistente.
Si es cierto que en todos y cada uno de los rincones de la República puede desarrollarse la contienda electoral sin verse infectada por la actividad criminal, no estaría demás que la autoridad gubernamental, electoral o partidista empeñe la palabra y ofrezca garantías a la ciudadanía. Avanzar a ciegas es menos que una aventura.
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No puede ignorarse, desde luego, la existencia y la actividad de grupos radicales minoritarios de casimir o de mezclilla dispuestos a aprovechar la calamidad para ponerle más piedras al empedrado camino por donde la clase política camina, pero tampoco puede ignorarse que esa clase minusvalora la situación prevaleciente, finge que la realidad no existe o, peor aún, pretende derivar dividendos del desastre.
La dirigencia perredista provoca pena ajena, defiende a quienes la hunden y despide a quienes reivindican el sentido del partido. La dirigencia panista no sale de la noche de los cuchillos, por el contrario, los afila y el cínico de Felipe Calderón se siente con autoridad moral y política para dar lecciones dentro y fuera del país a quien se deja. Y el priismo, el priismo anhela que el futuro sea el pasado.
Por eso, si el presidente Enrique Peña Nieto quiere avanzar, debe fijar la dirección en que quiere hacerlo. Avanzar en la dirección prevaleciente es atraparse en sí mismo.
