Aun cuando se escucha que el impacto presupuestal por la caída de precios del petróleo es bajo y manejable, la realidad es que el impacto ya está aquí y ahora.
En 2015 México produciría millones de barriles de petróleo crudo. Las coberturas contratadas por el gobierno sólo cubren 228 millones de barriles al precio de 76.40 dólares, por debajo de 79 dólares que se presupuestaron. La diferencia y el costo del contrato de cobertura se pagarían con los fondos de estabilización de ingresos petroleros.
Quedan así 612 millones de barriles no cubiertos, sobre los cuales recaería la pérdida de ingreso. Esta pérdida sería la diferencia entre el precio presupuestado y el precio de mercado, el cual, para simplificar, podemos estimar en 40 dólares promedio. La pérdida ascendería a casi 24 mil millones de dólares, es decir 348 mil millones de dólares. Esto representaría alrededor de 2 % del PIB.
Cuando el gobierno aclaró que la totalidad de sus ingresos estaban protegidos por la cobertura, a lo que se refería es al ingreso que finalmente llega para el gasto del gobierno federal y no al que se queda en Pemex, ni para el que reparte con estados y municipios.
Por lo pronto estados y municipios podrían recurrir al fondo de estabilización de ingresos que se aplica a este ingreso repartible, aunque no es seguro que las disponibilidades del fondo alcancen a cubrir la pérdida. No estaría mal que comenzaran a reducir su gasto, del cual han dado muestras abundantes de dispendio.
De los 612 millones de barriles no cubiertos, lo que corresponde a exportación son 170 millones de barriles, por los que Pemex recibiría 6 mil 700 mdd menos que los que habría recibido. Sobre esta suma no tendrá más remedio que cancelar gastos y lo más probable es que cancele gastos de inversión.
Lo que no es exportación, sino entregas de Pemex a su propio sistema de refinación, son 442 millones de barriles sobre los cuales la diferencia entre presupuesto y precio de mercado es de 17 mil millones de dólares o 250 mil millones de pesos.
Este es el segmento de producción que plantea un serio problema. Por la decisión que ya tomó el gobierno de seguir aumentando el precio de la gasolina, a pesar de que ya excede al precio estadounidense, se desprende que la política sería mantener los precios altos del petróleo crudo e insumos para lo que se procese en México. Serían así los consumidores domésticos de gasolina, diesel, gas y productos petroquímicos los que paguen la pérdida sobre 442 millones de barriles.
El mismo gobierno se beneficiaría de esta política al obtener una diferencia a su favor entre el precio de la gasolina importada y el mayor precio de venta en México.
Si intentaran gobierno y Pemex trasladar a las ventas internas el beneficio de los menores precios, el impacto presupuestal sería mayúsculo, cuando el sector público (incluyendo gobierno, Pemex y CFE) ya tienen un déficit fiscal cercano a 5 % del PIB en su definición amplia de necesidades de financiamiento.
Lo difícil es que esta política podría no ser sostenible todo un año sin causar mayores daños que el presupuestal. Un problema lo vemos en las ciudades fronterizas, donde el precio de la gasolina tuvo que bajar, dada la proximidad geográfica y la presión política.
Otra y aun mayor dificultad es que si los precios de los energéticos internos no se alinean a la baja, la industria mexicana que los consume quedará con costos artificialmente altos y se requeriría una depreciación mayor del peso para restituirle competitividad. O bien el crecimiento económico sería mucho menos que lo que hoy se espera.
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(Analista económico)
