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Verdades y rumores

EL AGENTE 007

En medio de la retahíla de acusaciones y demás sutilezas que se han lanzado el senador panista Luis Fernando Salazar y el alcalde priista Miguel Riquelme por el asunto de las cuotas que se recaudaban “voluntariamente a fuerza” entre los trabajadores del ayuntamiento, hay un asunto peliagudo que se ha pasado por alto y que da un norte de por dónde podría ir un eventual fallo final del tremendo tribunal electoral. Resulta que entre los documentos que van y vienen respecto al caso hay uno en particular que esconde entre sus líneas el punto de vista de los magistrados respecto a que los ayuntamientos y demás gobiernos sean los organismos recaudadores de los partidos políticos.

En la resolución al recurso de apelación del senador, el tribunal advirtió “una retención indebida al sueldo de diversos trabajadores del Ayuntamiento de Torreón”, aunque se trate de cuotas supuestamente voluntarias, y por eso le jaló las orejas al Instituto Nacional Electoral por haber rechazado la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por los blanquiazules, o sea, la suspensión del descuento de las cuotas de marras. Así que, más allá de que el dinero haya sido o no transferido al tricolor o a la Fundación Colosio, tema que generó la discordia en el capítulo de esta semana de la telenovela, el famoso Trife no está de acuerdo con lo que hizo el gobierno municipal ni con los argumentos del guardián de las arcas locales, Enrique Mota, de que ellos sólo le están haciendo “el favor” a la comprometida militancia que, según quieren hacer ver, está ávida de entregar parte de su salario al partido. Claro que no es una cuestión menor que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tenga registro de las transferencias de las que don Enrique mostró comprobantes, porque se debe saber qué pasó con ese dinerillo que no es poco y que pertenece a los sufridos empleados municipales. Pero los conocedores de estos temas dicen que el meollo del asunto es si puede el ayuntamiento o no realizar las retenciones y que sobre eso dará su fallo el tremendo tribunal, que en caso de ser en contra del gobierno de don Miguel, como parece apuntar todo, éste estaría en graves aprietos, además de que se sentaría un precedente a nivel nacional. Al tiempo, pues.

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A propósito del culebrón de las cuotas, la estrategia de respuesta del ayuntamiento a los embates de don Luis Fernando se ha enfocado en tratar de mostrar todo el mitote como un asunto meramente electoral, de cara a los comicios del próximo 7 de junio. Y tal vez no falte razón para pensarlo, ya que no sería la primera ocasión que un panista utilizara los abundantes gazapos de los gobiernos priistas para tratar de granjearse adeptos para su causa. Basta recordar el tratamiento que le dieron los panistas al tema de la megadeuda de Coahuila, que fue destapado en plena campaña electoral en 2011, y que con todo y los misiles lanzados poco o nada ha pasado. Pero, de acuerdo con la especie difundida por algunos enterados, la mirada del senador no está puesta en la elección de este año, sino en la de 2017, para la cual quiere agarrar el suficiente vuelo para mantenerse vigente en la palestra mediática. Y es que ya se sabe que Salazar suspira fuertemente por ser candidato a la alcaldía de Torreón, pero el problema es que no es el único. Según las mismas versiones el otro suspirante es el diputado federal Marcelo Torres, quien siente que ya se le debe pagar por su obediencia al partido y su disciplina con la cúpula estatal anayista. Pero don Marcelo tiene un gran inconveniente: su cargo legislativo termina en septiembre próximo, por lo que estará casi dos años alejado de los reflectores con los que ya se ha encariñado. En ese sentido la ventaja es para su correligionario y virtual contrincante, quien tiene cuerda en el Senado hasta 2018 y tendría que solicitar licencia un año antes. Falta mucho para eso, dirá usted despreocupado lector, pero para los panistas no es tanto y ya se habla que la estrategia será ponerlos a competir desde ahora por los favores de la militancia y el electorado en general. A ver si no acaban agarrados de la greña como acostumbran los panistas y, con ello, terminan haciéndole la tarea a los priistas.

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Nuestros subagentes vestidos de muebles de oficina nos informan que la próxima semana se harán anuncios tremebundos en el Gran Invernadero de la Plaza Mayor. Se trata, dicen, de una purga de funcionarios municipales que está relacionada con el impetuoso anuncio de ayer del alcalde Miguel Riquelme de que va a poner fin a “toooda” la corrupción en su administración (no se ría, así lo dijo). Y se comenta que ya hay varias dependencias “en la mira”, por ejemplo, las polémicas direcciones de Vialidad Municipal y Protección Civil. En la frecuencia de radio pasillo del edificio más costoso de la ciudad se oyen versiones de que los resultados de la investigación que se hizo sobre las travesuras de los agentes de Tránsito, y que incluyó al jefe Ricardo Hamdan, hicieron que el jefazo Miguel Riquelme frunciera todavía más el ceño. Ante las evidencias negativas, don Miguel empezó a armar la estrategia de relevo y lo que trascendió es que las baterías apuntan a la formación de una academia de agentes de vialidad, integrada por hombres y mujeres jóvenes, profesionistas o con carrera trunca, para deshacerse de los mañosos que últimamente han despertado severas críticas entre la ciudadanía. En Protección Civil, dicen que se está cocinando una sigilosa estrategia para agarrar con los dedos en la puerta a los inspectores que se han convertido en capacitadores pirata bajo las órdenes del mismísimo “Tito” Porragas, encargado de la dependencia, quien anda llevando agua a su molino aprovechándose de su cargo. Pero las malas lenguas dicen que si lo de erradicar la corrupción del ayuntamiento fuera en serio, el munícipe se quedaría sólo con uno que otro funcionario. Vamos a ver hasta dónde llega su ímpetu anticorrupción.

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Grandes chispas saltaron en la reciente reunión de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas del Cabildo de Torreón por el pleito que sostuvieron dos de sus integrantes. Cuentan que el priista Mario Valdés Garza, regidor presidente de la comisión en cuestión, discutió de forma álgida con la panista Gabriela Casale. La causa fueron unas licencias de uso de suelo negadas a dos personas por las que la síndica abogó de forma insistente. La razón oficial del rechazo fue que no cumplen con los requisitos legales, cosa que, misteriosamente, ahora los regidores de la comisión no pasaron por alto. El debate se puso tan candente que los demás integrantes de la comisión se pusieron en plan de maestros y defensores del ejercicio de la función pública e “instruyeron” a la panista sobre lo que significa el conflicto de intereses, el cual se da, según dijeron, cuando un funcionario público interviene a favor de particulares en trámites, gestiones, licencias y todos esos asuntillos de carácter legal, por más buenas intenciones que haya. Los maldicientes opinan que si así fueran de celosos los regidores con todos los casos de posible conflicto de interés que se dan en la administración, no se verían las cosas que se ven por estas tierras.

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Al que nomás le faltó exigir que le ofrecieran una disculpa es al exadministrador fiscal del SATEC, Sergio Fuentes Flores, quien recientemente promovió un amparo para no volver a visitar la fría celda por su participación en el truculento caso de la megadeuda del Profe Bailarín, Moreira I. Y es que en su alegato ante el juez, don Sergio no sólo negó que los créditos contratados por él y otros exfuncionarios estatales con decretos y documentación falsa hayan causado daño al erario coahuilense, sino que se atrevió a decir que la deuda fue para beneficio del estado ya que “incrementó su patrimonio”. Lo que quizá le faltó aclarar a Fuentes es a cuál patrimonio se refería, si al público o al privado de unos cuantos, porque lo que son las arcas estatales están más agujereadas que la calles de La Laguna.

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Por cierto, ya que hablamos de la megadeuda, nuestros subagentes disfrazados de sombreros del Tío Sam nos comentan que la audiencia que se tenía programada para el 29 de enero pasado en la hermana república de Texas por el caso de Javier Villarreal, alias “El Mago”, se suspendió debido a que la fecha se había pactado cuando éste aún no se declaraba culpable. Una vez que aceptó cantar dulces melodías para los oídos de los fiscales, la audiencia perdió su utilidad; y como el caso está bajo reserva, pues ya no se sabe cuándo comparecerá frente a las autoridades judiciales, en el caso de que sea requerido. Mientras seguirá gozando -y gastando- en los famosos outlets de San Antonio.

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