Luego de este lento y soso enero 2015 que está ya en sus últimas, ha surgido en la palestra pública un tema que ciertamente ha encendido los ánimos entre el gobierno municipal del priista Miguel Ángel Riquelme Solís, y el senador de Acción Nacional Luis Fernando Salazar.
El tema central de la discusión fue la denuncia que meses atrás había hecho el legislador panista acerca de las cuotas obligatorias que se le descuenta a los trabajadores municipales, ya que en primera instancia Salazar argumentaba que la sola retención era ya una violación a la ley. Ante este primer señalamiento, Riquelme y su equipo respondieron que las retenciones eran legales y que se hacían previo consentimiento de cada trabajador.
El tema parecía entonces que se había ya agotado, por lo menos en lo que respecta al enfoque mediático, ante lo cual sucedió todo lo contrario. Luis Fernando volvió a denunciar que los montos obtenidos por las retenciones suspendidas desde diciembre pasado por orden del Instituto Nacional Electoral -lo cual aunque sea de manera precautoria, da ya indicios de que ciertamente no es válido retener cuotas aun con la aprobación del aportante- no fueron entregadas ni al PRI, ni a la Fundación Colosio, como lo habían declarado las autoridades municipales correspondientes, por lo que Salazar ahora tildó de peculado y malversador de recursos al alcalde Riquelme. El aserto del senador se basa en la solicitud que presentó junto a su compañero Javier Corral al INE para investigar si en realidad el PRI nacional o la Fundación Colosio en la ciudad de México habían recibido los recursos. La respuesta oficial a este punto fue negativa, por lo que Salazar decidió que tenía las pruebas definitivas para sustentar su acusación.
El tesorero municipal, Enrique Mota, salió entonces a la defensa de su jefe y aclaró desde su punto de vista la razón por la cual las pruebas del panista no eran concluyentes: las cuotas ciertamente no se entregaron en las instancias nacionales, de donde se solicitó la información de manera legal, sino que se depositaron en el Comité Directivo Estatal del PRI, y a la cuenta local de Fundación Colosio, presentando para ello, comprobantes expedidos por el banco BBVA Bancomer.
Así pues están las cosas en este tema, al cual el alcalde Riquelme no permaneció en silencio, al contrario, además de desestimar las acusaciones del senador, se dio tiempo para criticarlo acremente, exhortándolo a que duerma menos y trabaje más, por aquello de la foto que circuló hace unos meses en los medios donde Luis Fernando dormía en su escaño en plena sesión senatorial; o más aún, lo cuestionó públicamente acerca de sus esfuerzos legislativos para atraer mayores recursos a la región -a los que el edil califica como de nimios e infructíferos- y fue más allá; lo comparó con la actitud que han tomado los diputados federales panistas, Guillermo Anaya Llamas y Marcelo Torres Cofiño, de los cuales dijo que le "han tendido la mano".
No está cerca la resolución final de esta guerra de declaraciones entre el presidente municipal y el senador por Coahuila, lo cierto es que en el fondo no va a pasar gran cosa. Ni modo que el sistema gubernamental sancione en su caso a un priista, si cada vez más es evidente que con la vuelta del PRI a Los Pinos los peores vicios también están de regreso. La Casa Blanca, la vivienda del Secretario de Hacienda o la casa del presidente en el Estado de México que le costó 375 mil dólares (en una propiedad con una superficie de 2 mil metros cuadrados) son apenas botones de muestra de que el cinismo está como en sus tiempos de mayor esplendor.
Sin embargo, lo que al menos es satisfactorio es que vuelva a la escena pública el debate y los señalamientos, porque a nivel nacional y particularmente en el local, al perder el PAN la presidencia muchos de los militantes que ya habían disfrutado de la ubre del gobierno, decidieron ser mancebos ante las nuevas autoridades priistas, en aras de conservar algunas prebendas. Parece ser que no es así en el caso del senador Salazar, del que se dice, tiene muchos "esqueletos ocultos en el armario", pero qué bueno que esté en este momento siquiera presionando a la autoridad administrativa para que ésta no navegue sin contrapeso alguno, aunque sea por el asunto de las cuotas.
