La incapacidad del gobierno mexicano para resolver los grandes crímenes data de años atrás, quizá desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Ultimado el lunes 23 de mayo en las afueras del aeropuerto de Guadalajara por un grupo de sicarios, la muerte del alto jerarca eclesiástico nunca fue plenamente aclarada.
Muy pocos creyeron la versión de que fue confundido con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y lo mismo sucedió un año después con el crimen de Luis Donaldo Colosio.
Millones de mexicanos se niegan todavía a creer que el entonces candidato presidencial fue asesinado por un pistolero solitario sin que hubiera detrás políticos y grupos conspiradores.
De ahí en adelante los casos sin aclarar, o cuyas investigaciones y dictámenes por parte de las autoridades dejan mucho que desear, se han multiplicado de manera escandalosa.
Ahí está la muerte del político guerrerense José Francisco Ruiz Massieu en 1994, la masacre de Aguas Blancas en 1995, la matanza de Acteal en 1997, además de innumerables crímenes de periodistas y políticos a lo largo de las últimas dos décadas.
En tiempos recientes tenemos más casos -terribles, por cierto-- como la tragedia en la discoteca News Divine en 2008, el incendio de la guardería ABC en 2009, el atentado al Casino Royale en 2011 para concluir con el atroz crimen de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En todos ellos -repetimos-las autoridades policiacas y judiciales han desempeñado una actuación deficiente que en algunos casos raya en la irresponsabilidad y la vergüenza.
Esta lamentable lista de fallidos intentos por aplicar cabalmente la justicia se ha convertido en una amarga maldición de tal manera que el país parece estar condenado a vivir muchos años en medio de muertes que nunca se aclaran y de asesinos que no son castigados.
El caso de Ayotzinapa no es la excepción. El procurador Jesús Murillo Káram con su tradicional actitud de desenfado y prepotencia concluyó tajantemente que los 43 estudiantes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Además cambió el móvil de la barbarie ocurrida aquella oscura noche del 26 de septiembre del año pasado. Dijo que el grupo criminal Guerrero Unidos tomó la determinación de ejecutar a los normalistas porque los confundieron con miembros de la banda rival Los Rojos.
"Esa es la verdad histórica", sostuvo el abogado de la nación en su conferencia que cayó como una pesada mole de piedra sobre los padres de los 43 jóvenes desaparecidos.
Pero ahora surgen más interrogantes y algunas suposiciones de grueso calibre. Si no existe cuerpo del delito será difícil aplicar todo el peso de la ley a los autores de la barbarie. Además la nueva versión del procurador Murillo indica que el exalcalde José Luis Abarca y su esposa no ordenaron el crimen, por lo mismo podrían salir en libertad en cualquier momento.
Otra duda más: ¿cómo llegar a una verdad histórica sin tener la declaración del exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien sigue prófugo?
Murillo Káram parece estar apurado en dar carpetazo al caso para quitar la tensión nacional y de paso amainar el descrédito en el exterior para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el fondo el problema de la ineficiencia en las investigaciones es la improvisación e inexperiencia de los altos mandos. Murillo es un abogado que ha dedicado su vida a la política.
Ha sido gobernador, diputado, senador y dirigente del PRI nacional, pero no tiene carrera en el ámbito judicial, llegó al cargo por su amistad con Peña Nieto y no por su trayectoria como abogado penalista.
Quizá por eso muestra cansancio y prisa por regresar a lo suyo: a la cámara de diputados o a una secretaría de mayor acción política donde pueda concluir exitosamente su profesión de político.
Mientras tanto los mexicanos -como es el caso de los padres de los normalistas-claman justicia y alto a la impunidad. ¿Tan difícil será para los gobernantes realizar el trabajo para el que fueron contratados y renunciar en caso de no ser capaces de llevarlo a cabo?
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