Caso grave. El caso de Ayotzinapa es considerado por muchos como uno de desaparición forzada. (ARCHIVO)
En su informe mundial 2015, la organización Human Rights Watch (HRW) asegura que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado avances "limitados" en juzgar los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por soldados y policías, en el marco de acciones contra la delincuencia organizada.
"La desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre en Iguala, Guerrero, provocó protestas generalizadas que llamaban al gobierno a esclarecer el paradero de los estudiantes y a abordar el problema más general de corrupción y abusos que el caso dejó en evidencia", indica HRW para México.
Se destaca que al asumir la presidencia en diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto reconoció que la "guerra contra el narcotráfico" iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
"En 2014, el gobierno adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que expone sus políticas para los próximos 4 años, y admitió que todavía se desconocía el paradero de más de 22 mil personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006", indica.
No obstante, se subraya que el gobierno mexicano no aportó evidencias que corroboren el dato de los extraviados ni información sobre cuántos de estos casos son presuntas desapariciones forzadas.
Retoman información emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ha difundido 12 informes que documentan la desaparición forzada de 30 víctimas durante este período (2006-2014), y ha hallado evidencias de la probable participación de agentes del Estado en aproximadamente otros 600 casos de desapariciones.
"México ha dependido fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado a violaciones generalizadas de derechos humanos" asegura HRW.
Recuerda que desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente nueve mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió informes sobre más de cien casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos. En ese contexto el reporte refiere el caso Tlatlaya en el Estado de México.
Viajarán a Ginebra
Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, luego del anuncio hecho por la Procuraduría General de la República (PGR), donde aseguró la instancia que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, inicia un nuevo "derrotero" en la respuesta federal a las movilizaciones que realizan las organizaciones para exigir la presentación con vida de los estudiantes.
Los próximos 2 y 3 de febrero una comisión de dos padres de familia de los 43 desaparecidos y dos activistas acudirán a Ginebra, Suiza, a la octava reunión del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, "van a hablar con el Comité y van a presentar este caso".
Dijo que "es muy lamentable, porque el gobierno está apostando al uso de la fuerza para poder desmovilizar y colocar fuera de la legalidad a un movimiento que surge a raíz de las acciones delincuenciales del 26 de septiembre", a pregunta expresa de la presencia de tres mil militares en Chilpancingo.
