Uno de los aspectos positivos de la reforma constitucional y legal electoral del año pasado fue el relacionado con la fiscalización de los recursos ejercidos durante las campañas electorales, pues entre los cambios positivos aparecen, al menos, los siguientes: la nacionalización de la función fiscalizadora; la obligación de desarrollar, implementar y administrar un sistema de contabilidad en línea y establecer los mecanismos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos; la inclusión de la posible nulidad de la elección en el caso de rebasar los topes de gastos establecidos por la legislación aplicable; la creación del padrón de proveedores de los partidos políticos; y la devolución de las atribuciones a una comisión del Consejo General.
Sin embargo, dos de estos cambios, sin ninguna duda, vuelven más complejo el proceso y, por lo tanto, incrementan las cargas y acortan los tiempos para el cumplimiento de las obligaciones por parte de la autoridad electoral. Otro, la digitalización de la labor de fiscalización, en el mediano y largo plazo lo facilitará, pero durante el proceso de desarrollo e implementación también lo dificulta. Esto se agudizó para estos primeros procesos electorales en los que aplicarán dichas disposiciones (hay que considerar que esto se refiere no únicamente al proceso electoral de renovación de la Cámara de Diputados federal, sino también de las nueve gubernaturas, los 17 Congresos estatales y los miles de ayuntamientos), porque los tiempos de aprobación de la reforma y de designación de los integrantes del Consejo General, obligaron a la autoridad electoral a actuar contra reloj.
Era crucial nacionalizar la función fiscalizadora, fundamentalmente por dos razones: una, las transferencias internas de recursos que los partidos políticos realizan, que se multiplican al incorporar las distintas fuentes de financiamiento (privadas y públicas, nacionales y estatales, para los partidos y para los candidatos) y las diversas instancias de gasto (comités nacional, estatales, municipales y, en algunos casos, distritales; y candidatos a todos los puestos de elección popular), por lo cual hay que hacer una labor titánica de consolidación y asignación de los recursos para poder fiscalizarlos adecuadamente; y dos, las diferencias en las legislaciones federal y estatales en materia de financiamiento de la política, que incluye algunas entidades (como Nuevo León) que no contemplan expresamente la limitación de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, lo cual abre una puerta que dificulta todavía más el proceso.
También era muy importante sancionar la violación de los topes de gastos de campaña con la nulidad de la elección, pues la legislación anterior realmente incentivaba el incumplimiento de la disposición, ya que los candidatos y partidos preferían pagar una multa que correr el riesgo de perder una elección. La disposición que establece la anulación de la elección, si el candidato ganador supera en más de 5% el tope de gastos de campaña y la diferencia con el segundo lugar es menor a los 5 puntos porcentuales, obligará a respetar dichos topes, al menos, en la información que le entregan a la autoridad electoral o los gastos que son rastreables.
Desde luego que el desafío es mayor y el INE actuó responsablemente al decidir que tenía que implementar la contabilidad y fiscalización en línea desde este proceso electoral, pues es prácticamente imposible que lo puedan realizar de otra manera. Como señala el mismo INE en un documento que distribuyó el pasado viernes: "…el INE está obligado a revisar alrededor de 30 mil informes de campañas en tan sólo 37 días, es decir, menos de la tercera parte del tiempo en que antes de la reforma se tenía contemplado para revisar poco más de 1,600 informes". Las cifras reflejan con claridad la magnitud de la tarea y la imposibilidad de hacerla si no es digitalmente, por lo cual la única opción era proceder en dicha dirección.
Sin embargo, no contaban con el incumplimiento del proveedor seleccionado, con lo cual el pasado jueves en sesión del Consejo General aprobaron iniciar el procedimiento de rescisión de contrato y aplicar un plan de contingencia, que contempla desarrollar internamente la aplicación informática con el apoyo de expertos de la UNAM. El problema es que parten prácticamente de cero, pues lo único que tienen el día de hoy es "…el modelo conceptual para el desarrollo del Sistema de Contabilidad en línea, es decir, elaboró el diseño y estableció los alcances del mencionado sistema (el cual fue conocido y comentado por los partidos políticos nacionales), así como los requerimientos tecnológicos para su desarrollo e implementación".
Así tienen muy poco tiempo para con esa base desarrollar la aplicación informática, pilotearla, ponerla en operación y capacitar a los empleados del INE y de los partidos políticos, lo cual luce como una tarea francamente titánica, sobre todo porque en el caso de los partidos políticos los responsables de capturar los registros contables de los informes de gastos de campaña serán varias decenas de miles de personas.
Y, desde luego, el riesgo se acrecienta en las nueve elecciones de gobernador, especialmente en aquellas donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de menos de 5 puntos porcentuales y existan sospechas de que se violaron los topes de gastos de campaña, pues seguramente el tema se convertirá en el eje de las denuncias que presente el candidato que ocupe el segundo lugar. En el pasado, sin que existiera dicha disposición, el tema ya ha sido motivo de controversia, ahora con mayor razón.
