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Estado Derechueco

Con/sinsentido 06

MIGUEL FRANCISCO CRESPO ALVARADO

Dice Luis Eduardo Aute que "Quien pone reglas al juego, se engaña si dice que es jugador". Como consecuencia, existe absoluta legalidad en la adquisición de las mansiones de los Peña, los Videgaray y del resto de los personeros de la política mexicana, de cualquier filiación partidista, que se hayan hecho de propiedades como las que hoy son motivo de escándalo. La razón, sencilla por demás, es que al ser un constructo humano las normas pueden acomodarse a conveniencia de quien las establece. Y en nuestro país, la clase política gobernante lleva décadas haciendo leyes al son de "el que parte y reparte".

Las reglas atan y, en el caso particular de nuestro país, la ciudadanía es la que ha sido capturada dejando una gran holgura para que funcionarios, autoridades, líderes partidistas y otras alimañas similares, hagan del bien público un festín, disponiendo groseramente del erario, saqueándolo a diestra y siniestra, en la mayoría de las ocasiones de forma legal. Aclaro que "en la mayoría", porque todavía hay algunos a los que sus múltiples privilegios no alcanzan para saciar su ambición, por lo que, encima, cometen actos de clara ilegalidad.

Pero, asumiendo que son los menos los que roban de forma descarada, el resto no deja de pertenecer a esa especie de devoradores del bien público que se ampara en la ley. Se equivocan, entonces, aquellos que afirman que tras la compra de la famosa Casa Blanca de los Peña hay un acto de ilegalidad, porque en el estricto rigor, no lo hay. En cambio, existe un evidente conflicto de intereses, que por el elevado grado de abstracción del concepto, no conducirá a pena alguna, más allá de las sanciones sociales y el escarnio público que se ha venido haciendo desde el develamiento del caso.

Tristemente, la lista de ejemplos de "corrupción legalizada" en nuestro país es interminable. Pero un buen ejemplo de la lógica que guarda, es la forma en que se auto-fija los sueldos la alta burocracia. ¿Quién de nosotros no desearía tener la ocasión de definir, para sí, sus ingresos por un trabajo, sin tener que estar atado a consideraciones sobre la oferta y la demanda en el mercado laboral ni a temas de equidad externa de las remuneraciones? ¿Nos resistiríamos, al hacerlo, a establecer para nosotros un muy jugoso salario?

Pues resulta que la clase política gobernante de México no se conforma con auto-recetarse ingresos muy por encima de los que gana la gran mayoría de los mexicanos sino que, además, no tienen siquiera la necesidad de utilizarlo, porque legalmente reciben también alimentos, viajes, escuelas, seguros de gastos médicos, asistencia legal y un largo etcétera de beneficios que al resto de la población le cuestan y mucho. Un senador, sólo por evocar un caso, ganó el año pasado 165 mil 227 pesos mensuales. Suponiendo que ese ingreso no se moviera y que, como puede perfectamente hacerlo, no gastara nada durante los 6 años que dura su cargo, podría acumular un total de 11 millones 896 mil 356 pesos, y sin necesidad de robar nada de forma ilegal; pero tampoco de asistir a todas las sesiones ni de subir a tribuna ni nada por el estilo.

Lo que quiero evidenciar es sencillo: El conflicto de intereses en México no se da en casos singulares sino que está en la raíz misma de nuestro modelo de estado. La estructura institucional y legal de nuestro país ha sido construida directamente por aquellos que se benefician de la misma. No me refiero, por supuesto, a los individuos actuales sino a esa clase que usufructúa el bien público como si fuera de su propiedad. Es falso entonces que se haya deteriorado el Estado de Derecho, pues lo que siempre hemos tenido es un "Estado Derechueco".

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