La inconformidad dentro de varias cámaras integrantes de los comités técnicos del Impuesto Sobre Nóminas de La Laguna y la Región Sureste sigue creciendo al grado que algunas ya están considerando seriamente abandonar el organismo. Nuestros subagentes disfrazados de hojas tachadas nos comentan que los empresarios de la Coparmex de Saltillo están harto molestos porque el gobierno provincial que encabeza Rubén Moreira quiere imponer el 5 por ciento de “apoquine” de las industrias y demás negocios para destinar una parte como apoyo para el golpeado campo coahuilense.
Es por eso que Juan Carlos López, presidente de la confederación patronal, está valorando salirse del comité de marras porque considera que la esencia del impuesto se ha distorsionado, ya que originalmente el recurso, que no es poco, debía ser destinado a obra pública de infraestructura. Pero, fiel al estilo discrecional que suele rondar en las oficinas de gobierno, ahora se utiliza para rubros como cultura, deporte y seguridad, por lo que, ante esta situación, los empresarios se preguntan ¿en dónde está, entonces, el presupuesto destinado para esas áreas? ¿Será acaso que con la megadeuda del Profe Moreira I no les alcanza y, de cara a la elección de junio próximo, necesitan sacar de donde puedan para mantener contenta a la clientela? Pero la cosa no para ahí. En la primera reunión del comité en Torreón salió a relucir que existe un rezago de ocho obras que se programaron para 2014, con lo que, a decir de los maliciosos, parece que el dinero misteriosamente no alcanza ni para concretar los proyectos. Lo curioso del caso es que, contrario a lo que ocurre en la urbe de adobe, los ipecos torreonenses que integran el mentado comité no dijeron ni pío y se mostraron muy conformes con el informe, aunque el año anterior se la pasaron lanzando dardos emponzoñados por ese motivo. A ver qué les van a decir ahora a sus representados, quienes, se sabe, algunos no están muy de acuerdo con los manejos del dinero del impuesto y con la docilidad de sus representantes.
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Y ya que hablamos de obras, nos llega un reporte de nuestros subagentes disfrazados de cascos de constructor sobre las broncas al interior de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Resulta que ayer la plana mayor de la CMIC estuvo en esta ciudad para llevar a cabo el “urgente” relevo del presidente Sergio González Machado, quien estuvo sólo un año al frente del organismo. Y es que, según dicen, la inconformidad era generalizada contra él a raíz de la insistente búsqueda de contratos de supervisión que lograba aprovechándose de su representación. Aseguran que en Gómez Palacio logró algunos, pero que en vez de repartirlos entre los agremiados, se los quedó para su despacho particular. Aquí en Torreón no alcanzó a concretar ninguno, pero no por ausencia de ganas, sino por falta de tiempo. Los maldicientes siempre dispuestos a opinar comentan que este caso es la misma película de siempre, pero con otros protagonistas: empresarios de uno y otro sector que se dedican a señalar las fallas de los gobiernos, y luego se les ve en viajes al extranjero pagados por el erario, en secretarías estatales, puestos municipales o pegados a la ubre de las proveedurías. La lista es larga. Pero en el caso de González Machado, la prueba de su destitución es que de dos años que legalmente debió durar su período, sólo cubrió uno y tuvo que intervenir el jurídico nacional de la CMIC para que amablemente se retirara. En su lugar quedó Hugo Pérez Agüero, a ver si éste entiende el mensaje y no sale con lo mismo.
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En donde se hace cada vez más evidente que alguien tiene que poner orden es en la Dirección de Protección Civil de Torreón, pues ahí los reclamos y las quejas se dan un día sí y otro también. Nuestros subagentes disfrazados de arneses “chuecos” nos informan de las travesuras que anda haciendo el coordinador técnico de la dependencia, Daniel Ríos. Dicen que en las recientes clausuras a guarderías y estancias infantiles por no contar con programas internos de protección civil, don Daniel les puso como condición a los propietarios para reabrir sus establecimientos que acudieran a su “empresa” de capacitación para hacerles dichos programas, los cuales habría cobrado en cuatro mil pesillos. Pero también hay quejas de dueños de yonkes, quienes con la nueva norma de protección civil están obligados a instalar extintores, señalizar rutas de evacuación y otros requisitos para seguir operando. Cuentan que en estos casos también el coordinador los condicionó a acudir a su empresa, Asesoría, Servicios e Ingeniería Integral, para asesorarlos, claro está, a cambio de ciertos pagos. Esta situación ha generado enojo entre todos los capacitadores que están debidamente certificados, pues prácticamente el funcionario los está dejando sin chamba escudándose en su puesto. Y es que, meses atrás, personal de distintas direcciones de protección civil de la región acudió a un curso de capacitación en la ciudad de Monterrey, el cual aprovechó Ríos para pedir todo el contenido y después impartirlo y cobrar por ello, ofreciéndolo como un programa de capacitación certificado por la propia Dirección de Protección Civil. Negocio redondo, pues.
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Nuestros subagentes disfrazados de tazas de desabrido café nos informan que a algunos funcionarios les calaron las declaraciones sarcásticas que hizo el inquilino del séptimo piso del Invernadero Mayor respecto a las comparecencias de los funcionarios municipales que “sólo llevaron dos hojitas para informar a los regidores de lo que hicieron el año pasado”. El primero que saltó y se puso el saco fue el jefazo de Prevención del Delito, José Gánem Guerrero, ave de mil tempestades. Ahora resulta que, como para sacarse la espina, se la reviró a los regidores que “no entendieron” qué fue lo que hizo el año pasado, a parte de cobrar, por supuesto. Citó muy formalmente a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y los que quieran asistir, para explicarles la próxima semana qué es el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia y lo que se hará en este sentido en 2015. Será interesante ver quiénes acuden a esta convocatoria, luego de la actitud digamos poco amable que mostró don Pepe en su comparecencia.
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Y del otro lado del Nazas, cuentan que, en caso de ganar la elección en el distrito II, Rocío Rebollo no la tendrá muy difícil para ocupar el lugar que dejará la diputada federal Marina Vitela, debido al escaso trabajo de la representante popular. Y es que en los 10 periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias que ha habido en la LXII Legislatura, Vitela únicamente hizo cuatro iniciativas de punto de acuerdo, de las cuales dos fueron rechazadas y una mas está en revisión. En suma, los críticos y criticones dicen que la diputada dejó mucho a desear para la Laguna de Durango, ya que ninguna de sus 4 propuestas realizadas en tres años repercutió en beneficio para la ciudadanía. A Vitela se le olvidaron aquellas propuestas de impulsar el sistema de salud universal que, decía, eran una de las prioridades en caso de ocupar la diputación federal ya que en tiempos de su campaña, aseguró, había detectado a gente con padecimientos serios que no reciben atención médica. Pues ya sentada en la curul ninguna de sus propuestas se enfocaron a esto y todo quedó en exhortos al Ejecutivo y en levantadas de dedo para aprobar las propuestas del preciso Peña Nieto. En la Laguna de Durango tampoco es conocida por realizar labor de gestoría a favor de los desprotegidos -con la que los diputados suelen sustituir su falta de capacidad legislativa- e incluso, dicen, que hace años dejó su casa del Fraccionamiento Morelos II para vivir cómodamente en la ciudad de Torreón, con lo que se explicaría su falta de conexión con las necesidades de su distrito. Así las cosas, Vitela le dejaría a doña Rocío el piso bastante abajo.
