Muchas dudas. Pasan los meses y el crimen en Tlatlaya no ha quedado claro.
A casi cuatro meses de que fue creada la Comisión Especial para indagar la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) no les han entregado la información solicitada, y con el gobierno del Estado de México ni si quiera han podido sostener una reunión.
En conferencia de prensa, la presidenta de esta comisión, la perredista Elena Tapia y el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, explicaron que este grupo de trabajo presentó algunos avances, usando datos obtenidos verbalmente, pero los mayores problemas que ha enfrentado son que no se ha recibido información documental, y la alteración y el encubrimiento dificultan la búsqueda de la verdad, además que las autoridades del Estado de México no han respondido.
Los legisladores perredistas enlistaron los mayores pendientes que tiene la Sedena y la PGR con este órgano legislativo: "esclarecer la cadena de mando alrededor de los elementos militares que participaron en los hechos.
No es posible que a más de 6 meses de los hechos no puedan tener conclusiones preliminares basándose en pruebas, testimonios, documentos oficiales y reconstrucción de los hechos", dijeron.
También demandaron que se debe conocer si además de los siete elementos procesados penalmente, intervinieron otros elementos militares con posterioridad, ya sea con su presencia física o mediante comunicaciones. Asimismo, "quién autorizó un patrullaje con ocho elementos, si el mínimo es de 12, y fue omiso para cumplir el protocolo de hacer videograbación del operativo".
Además, investigar el contexto y las relaciones del 102 Batallón de Infantería, ya que "inclinarse por la hipótesis de que "personas civiles" antagónicas a las víctimas pudieron dar instrucciones a los soldados para la matanza significa desplazar la atención de la cadena de mando, lo que la PGR no puede descartar por el momento".
También la Comisión Especial exigió hacer públicos los peritajes de balística y medicina forense para explicar, por ejemplo, por qué se encontraron 107 heridas de bala en las 22 personas fallecidas, y sólo 48 impactos en los muros, y en una de las tres camionetas estacionadas, mientras que la camioneta militar recibió, según los peritos del Estado de México, 12 impactos, todo en un enfrentamiento que no duró más de 10 minutos, así como explicar por qué 10 armas ubicadas junto a fallecidos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban.
La demanda de información también involucra al gobierno del Estado de México, pues debe aclarar: "si turnó la investigación contra las dos mujeres (hoy liberadas) a la PGR como un medio de intimidación para evitar que se revelara la verdad, complementario a la tortura, o por qué no tenía conocimiento de los actos ilegales de sus agentes, peritos y ministerios públicos", expuso la Comisión.
