Decenas de millones de dólares que exgobernadores, exediles y otros exfuncionarios de Coahuila y Tamaulipas obtuvieron presuntamente a través de actividades ilícitas en México han sido confiscados por Texas.
Tan sólo en los últimos tres años, las autoridades de EU han asegurado a políticos mexicanos y a sus operadores unos 35 millones de dólares en fondos de inversión, empresas inmobiliarias, locales comerciales, restaurantes y farmacias, así como en aviones, vehículos y cuentas bancarias en Texas y el extranjero.
Además, otros 35 millones de dólares están en litigio en espera de ser confiscados.
La mayoría de los recursos está relacionada con casos que, desde 2010, han inundado las cortes federales de Texas, donde abundan las demandas, investigaciones, órdenes de arresto y solicitudes de decomiso de cuentas y bienes de tamaulipecos y coahuilenses indagados por lavado de dinero, narcotráfico y fraude bancario.
El origen de estos bienes y recursos está vinculado principalmente a sobornos de empresarios de la construcción y de los cárteles de las drogas que operan en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.
Entre los personajes investigados están los priistas Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas; Jorge Torres López, exmandatario interino de Coahuila; Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila, y Érick Silva Santos, exedil de Matamoros.
Otros investigados son los tricolores Pablo Zárate Juárez, exdirector del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, y su sucesor, Homero de la Garza Tamez.
Aunque no existe una acusación en su contra, Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, es mencionado en algunas investigaciones, como la de su cuñado Óscar Gómez Guerra, acusado de lavado de dinero.
Entre los decomisos destaca el de 8.8 millones de dólares en cuentas y propiedades incautadas a Héctor Javier Villarreal, extesorero de Humberto Moreira en Coahuila, como parte de un acuerdo para ser liberado en octubre pasado.
Esto, luego de haberse declarado culpable de lavado y conspiración para transportar dinero robado en el exterior.
Estos activos son una parte de los 35 millones de dólares que inicialmente señaló EU que Villarreal desvió en el sexenio de Moreira en Coahuila, de 2005 a 2011.
Como Villarreal, algunos investigados han negociado su libertad a cambio de aportar información que encauce otros casos contra mexicanos implicados en lavado, por lo que la lista de políticos mexicanos investigados en EU podría seguir creciendo.
