El plan de acción en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción del presidente Enrique Peña Nieto depende de la aprobación de distintas reformas que se atoraron en el Congreso.
El 27 de noviembre, a dos meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el jefe del Ejecutivo anunció diez acciones para fortalecer la legalidad y el Estado de derecho.
Cuatro días después, sin dar a conocer su contenido, envió al Senado una serie de iniciativas en materia de seguridad y justicia, entre ellas la desaparición de las Policías municipales.
También propuso una reforma para disolver los municipios vinculados con el crimen organizado, y otra para redefinir y dar claridad al sistema de competencias penales.
Las propuestas de inmediato fueron cuestionadas por actores de la oposición.
El nuevo modelo policial propuesto por Peña Nieto también se topó con la negativa de los alcaldes del PAN y de la izquierda, que lo consideran invasivo, centralista y autoritario.
La falta de acuerdos llevó a la Cámara Alta a trazar una ruta de trabajo para sacar esas y otras iniciativas hasta el próximo período de sesiones, en febrero de 2015.
El Senado integrará grupos de trabajo por temas, en los que participarán dependencias federales, y organizará audiencias públicas con expertos y miembros de organizaciones civiles.
Esa ruta también servirá para desahogar otros puntos del decálogo, como la expedición de las leyes sobre tortura y desaparición forzada y otras disposiciones en materia de derechos humanos.
A pesar del exhorto de Peña Nieto para su "pronta aprobación", las leyes y reformas anticorrupción también se atoraron en la Cámara de Diputados por desacuerdos entre el PAN y el PRI.
En lo que compete al Gobierno federal, no se ha reportado avances sobre el establecimiento del 911 como número de emergencia nacional ni respecto de la creación de la Clave Única de Identidad.
Tampoco se ha abierto el nuevo portal de información sobre proveedores y contratistas de toda la administración pública federal, en el que se conocerá el número y monto de los contratos de cada dependencia y las empresas que prestan sus servicios.
De los diez puntos, sólo se cumplió la puesta en marcha de un operativo especial de seguridad en la región de Tierra Caliente.
El dispositivo, que arrancó el 3 de diciembre, comprende 36 ayuntamientos de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.
Sus objetivos principales son abatir la delincuencia y evitar la infiltración de los cárteles en las instituciones y corporaciones locales.
