En el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa las fuerzas de seguridad y el ministerio público responsable de la investigación e integración de la averiguación previa manipulan la escena del crimen, ocultan información y evidencias y alteran las secuencias para proteger a la Policía Federal, el Ejército y la Policía Estatal e inculpar a las policías municipales de Iguala y Cocula.
El modus operandi es tradicional para encubrir los crímenes de Estado, la lista es muy larga y, entre éstos destacan por su relevancia o cercanía, el asesinato de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, el 30 de junio, apenas unos meses antes de los acontecimientos de Guerrero y de los dos estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey el 19 de marzo del 2010, simplemente para referir su reiteración.
El domingo pasado la revista Proceso divulgó un reportaje realizado por Anabel Hernández, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, en el que reconstruye, a partir del análisis de documentos, audiovideos y testimonios, una historia totalmente diferente a la versión oficial y en la que participa directamente la Policía Federal.
Con los datos que aporta la investigación se deja en claro que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo (que reporta simultáneamente a la Policía Estatal, la Policía Federal y el Ejército, pues está conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, controlado por la Secretaría de Gobernación a nivel federal) recibió información en tiempo real de todos los movimientos de los normalistas, desde las 17:59 que salieron de la sede de la normal rural en el municipio de Tixtla.
A partir de una tarjeta informativa del coordinador operativo de la Región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista, deja claro que el mismo Adame se trasladó a la caseta de cobro número 3 de Iguala, a las 20:00 horas en que arribaron los dos camiones con los normalistas a dicho sitio, y en el lugar se coordinó con personal de la Policía Federal, sector Caminos, al mando del oficial Víctor Colmenares Campos.
Así, más allá del seguimiento que hicieron desde las 6 de la tarde cuando salieron de Tixtla, tanto la Policía Estatal como la Policía Federal tuvieron su primer encuentro con los normalistas, a las 8 de la noche, cuando apenas arribaban a Iguala; pero con esto también se desvirtúa el móvil del crimen construido por la PGR, pues el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca -alcalde de Iguala-, concluyó precisamente a la misma hora que los estudiantes entraban al Municipio.
Como han hecho en todos los casos en los que surgen versiones periodísticas distintas a las oficiales, hasta hoy, las autoridades han ignorado el reportaje y se han limitado a negar los hechos en modo genérico; pero la información divulgada por el semanario tiene muchos datos que son verificables sin necesidad de información oficial, simplemente acudiendo a los sitios y buscando a las personas que en el mismo se mencionan o a vecinos de los distintos lugares y ni el procurador Jesús Murillo Karam ni el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o cualquiera de los aludidos en el reportaje o involucrados en la investigación de los hechos, aceptan revisar las afirmaciones que allí se hacen.
De confirmarse la información aportada por el semanario toda la trama del gobierno federal se derrumba, pues más allá de que evidencia que los autores materiales de los hechos delictivos eran policías federales, deja en claro que todas las corporaciones de seguridad del Estado mexicano están infiltradas por el crimen organizado, no simplemente las corporaciones municipales como pretenden hacer creer el presidente Enrique Peña Nieto y los integrantes de su gabinete.
Pero al desvirtuar totalmente el discurso, también echan por tierra la utilidad de la reforma propuesta por el Presidente y hasta su mensaje del pasado viernes 19, al participar en la reunión 37 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y pone en entredicho las palabras de Osorio Chong, en el mismo evento, al señalar que nunca más volverán a unirse el crimen con la autoridad, refiriéndose a que con las iniciativas presidenciales se eliminaría dicha posibilidad, al eliminar las policías municipales.
El reportaje dejaría al descubierto que la PGR construyó una versión de los hechos con dos objetivos fundamentales: uno, encubrir los crímenes de la policía federal; y dos, elaborar el argumento para impulsar el afán centralizador del gobierno federal, manifiesto desde antes de asumir el gobierno con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las atribuciones que le otorgaron a la Super-Secretaría de Gobernación.
La precisión de los datos revelados en el reportaje y los antecedentes operan en contra de las autoridades, pues aunque el móvil del crimen tampoco es muy sólido, la reconstrucción de los hechos hasta el momento en que los normalistas son detenidos, son muy puntuales y verificables. El problema se agudiza porque nuevamente se evidencia que el gobierno federal no quiere reconocer la gravedad de la situación y el hecho de que la infiltración de los cuerpos de seguridad no es exclusiva de las policías municipales, como pretende hacer creer. Sin un buen diagnóstico, ninguna solución funcionará y eso es precisamente lo que ha ocurrido en México durante los últimos siete años.
