De muy difícil comprensión, la suma de errores cometidos, a partir de octubre, por el gobierno frente a los dos problemas -impunidad y corrupción- que amagan su viabilidad, colocan en un apuro la elección intermedia y vulneran la posibilidad de la reconciliación nacional.
Si la crisis se redujera al ámbito del Poder Ejecutivo, la situación sería delicada. No es así, se agrega la del Poder Legislativo y la de los partidos. Dicho de otro modo, a lo largo del último trimestre, la clase política hizo volar por los aires los puentes de entendimiento con la sociedad.
Hoy, una gran porción de la ciudadanía no se ve representada en dos de los tres Poderes de la Unión y tampoco ve en los partidos un instrumento para canalizar su malestar y participar. Peor aún, esos sectores sociales advierten cómo la impunidad y la corrupción campean y, en vez de perder, ganan espacio. De pronóstico reservado lo que pueda ocurrir.
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La recapitulación de los pasos dados por el gobierno para adentrarse en el callejón donde se encuentra es elocuente.
Apenas ocurrida la matanza de Ayotzinapa, la primera reacción del gobierno federal fue señalar que cada nivel de gobierno debería asumir su responsabilidad. No se calibró en su justa dimensión el significado de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas. Días después vino la contramarcha: se resolvió atraer el caso. Ese primer titubeo y retraso le generó los primeros costos al gobierno federal.
Acto seguido, el lunes 6 de octubre se anticipó que el jefe del Ejecutivo haría un pronunciamiento importante. En rigor, se esperaba el nombramiento de un comisionado para el estado de Guerrero, pero sólo hubo señalamientos y posicionamientos generales sobre lo ocurrido. Tal parece que la dirección del perredismo pidió al gobierno federal dejar en sus manos la situación política en Guerrero. El resultado fue lamentable. El gobernador Ángel Aguirre Rivero deshojó a lo largo de un mes la margarita de si se iba o permanecía en el Palacio de Gobierno. Los costos de nuevo recayeron sobre el gobierno federal, mientras la movilización social adquiría fuerza.
Hasta el 29 de octubre, más de un mes después de la matanza, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a los padres de los normalistas y, de nuevo, el resultado del encuentro quedó por debajo de las expectativas.
El mérito gubernamental cifrado en la captura del munícipe José Luis Abarca y su esposa, así como en la conferencia de prensa ofrecida por el procurador Jesús Murillo Karam se diluyó rápidamente por dos motivos: la absurda decisión de sostener la visita presidencial a China manchada por la trompicada anulación de la licitación del tren México-Querétaro, así como por la revelación en torno al hecho de que el mandatario y su esposa ocupaban una residencia de Grupo Higa, contratista ampliamente beneficiado por el gobierno. Menudo error.
A partir de ese momento, los errores se eslabonaron. Se mandó al portavoz presidencial, Eduardo Sánchez, a defender los derechos de la esposa del mandatario en la operación realizada con Grupo Higa. Luego, la contramarcha. A su regreso de China, el mandatario indicó que su esposa daría las explicaciones del caso y el resultado fue contraproducente: se pretendió reducir el asunto a una operación entre particulares y la señora Angélica Rivera anunció el traspaso de los derechos de la propiedad.
Luego, vino otro giro. El presidente Enrique Peña cambió el tono de su discurso, habló de afanes desestabilizadores en el movimiento social y, en respaldo a esa postura, los jefes militares no los jefes políticos del gobierno cobraron presencia en la escena. Increíble. En paralelo a ese giro, una a una se fueron despreciando las propuestas de la sociedad para encontrar una salida a la crisis, mientras la actuación violenta de grupos radicales se fue agravando.
Vino otro giro. De nuevo, se generaron grandes expectativas con el anuncio que el jueves 27 de noviembre formularía el mandatario. Y, otra vez, el mensaje quedó por debajo de lo esperado: iniciativas legislativas, medidas administrativas, un teléfono de emergencia y un operativo en Guerrero, mientras comenzaba a agravarse la situación en Michoacán. Ni una acción inmediata y firme de gobierno frente a la impunidad y la corrupción.
A partir de ese momento, el gobierno perdió la iniciativa política, dejó crecer una atmósfera de incertidumbre en el país, otra de condena en el exterior y quedó sujeto a presiones de grandes consorcios que, en la situación, comenzaron a presionar medidas a su favor.
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El mayor error del decálogo del presidente Enrique Peña Nieto, anunciado en aquella ocasión, fue reposar su eventual viabilidad en el Poder Legislativo, donde la atmósfera ya era muy distinta a la que prevaleció durante la aprobación de las reformas estructurales.
Tan diferente esa atmósfera que ni una sola de las iniciativas enviadas por el mandatario resultó atendida y, por si eso no bastara, otras iniciativas relacionadas con la corrupción tampoco fueron aprobadas. El Legislativo dejó sin fiscal ni sistema anticorrupción al país como también sin fiscal para los delitos electorales...
El punto delicado en este asunto es que el Poder Legislativo, en vez de erigirse como un factor de equilibrio, pero sobre todo parte de la solución al problema de Estado en que se encuentra hundido el país, envió el mensaje contrario: no formar parte de la solución, sino formar parte del problema.
Si, a partir de 1997, el Legislativo venía recuperando espacio en la escena política y parte de su poder, con el procesamiento de las reformas estructurales -negociadas a partir del chantaje político y el canje de votos- dejó ver que el pasado es presente y, con el cierre del período, particularmente en el Senado, por falta de quórum, que muy poco le importa la crisis nacional.
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En un trimestre, dos poderes de la Unión enviaron una señal de incertidumbre al país. La enviaron en un momento terrible: aquel donde la economía se deteriora, el régimen de partidos cruje, la elección intermedia se complica y el malestar social crece.
