El Centro. En el corazón de la actual crisis política está el horror de Iguala y Tlatlaya. Y en el corazón de ese horror está la violación sistemática de los derechos humanos. El mal es de muchos y el consuelo de nadie.
Allá. Según un reporte del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre un programa de captura e interrogación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) hecho público la semana pasada, entre 2001 y 2008 esa agencia interrogó y torturó de manera sistemática a un grupo de sospechosos de colaborar con Al Qaeda en el atentado en Nueva York del 11/9/2001, (The New York Times, 9 de diciembre).
Los interrogatorios bajo tortura, prohibidos por acuerdos internacionales, incluyeron: semiahogamiento (waterboarding), privación del sueño por 180 horas seguidas, "alimentación rectal" (¿violación?), golpizas, hipotermia inducida, amenazas de muerte y otras técnicas. El documento concluye que la información obtenida antes de la tortura no fue muy diferente de la posterior y que 26 de los torturados lo fueron por error. Para colmo, la CIA contrató para el trabajo a "expertos" y les pagó 81 millones de dólares. El outsoursing llevado al extremo.
Que el congreso norteamericano haya hecho público el resumen del informe, indica que, pese a todo, la estructura de poder de ese país aún tiene capacidad de autocrítica. Ahora, la CIA y similares lo pensarán dos veces antes de volver a reincidir, y no por razones éticas sino para no perder puntos políticos... y presupuesto.
Coincidiendo con el informe anterior, el gobierno de Brasil hizo público uno similar sobre la tortura y asesinato de opositores cometidos por los gobiernos de su dictadura militar entre 1964 y 1985. La presidenta Dilma Rousseff, ella misma víctima de tormentos cuando tenía 22 años, no pudo evitar las lágrimas al anunciar el informe. Por ahora, los responsables de esos crímenes de Estado en ambos países no se las verán con la ley, y eso debería cambiar.
Acá. En México no hay aún un informe equivalente a los comentados, aunque sí hay fuentes al respecto, que van desde la literatura (Carlos Montemayor, Guerra en el paraíso, 1997), estudios, reportajes sobre casos actuales, (Revista R, 21 de noviembre o El Universal, 13 de diciembre de 2014) e informes parciales, siendo el más reciente el de la "Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Informe Final", (2014). La diferencia con Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Perú o Colombia, es que aquí no ha habido una investigación oficial y definitiva sobre el tema. Es más, en México ese ciclo infame no se ha cerrado: de la masacre de 1968 siguió la de los "halcones" de 1971, "la guerra sucia" de los 1970 e inicios de los 1980 y la "guerra contra el narcotráfico" iniciada en 2006 y que, por lo acontecido en Tlatlaya e Iguala, continúa hasta hoy y con los mismos métodos.
Los Hechos. El informe final de la "Comverdad" de Guerrero permite entender mejor el origen histórico del detonador de nuestra actual crisis política: las acciones de las policías en Iguala contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y la ejecución de los prisioneros en Tlatlaya.
La parte medular del informe de Comverdad aborda, mediante 409 testimonios relacionados con 399 casos, las circunstancias en que la policía y, sobre todo, el ejército, capturó, interrogó, torturó y desapareció a sus prisioneros durante la llamada "guerra sucia" de Guerrero hace cuarenta años. Esa "guerra" tuvo su origen en demandas y protestas no atendidas en las zonas rurales del estado y que databan de, por lo menos, finales de los 1950. Como señalara el general Sánchez López en un informe de 1974 a la superioridad: ante la falla de las instituciones civiles "el ejército ha tenido que absorber los problemas para poder garantizar en la medida de sus posibilidades la tranquilidad del sector rural". Se trató de una "tranquilidad militar" que si bien a sangre y fuego acabó con las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, también acabó con la idea del "Estado de derecho", tuvo un costo humano enorme y no solucionó el fondo del problema pues, como ya es obvio, hasta hoy persiste allá y en otras partes un claro déficit de "tranquilidad" y cuyas consecuencias tienen hoy contra la pared a todo el sistema político.
Leer el informe de Converdad es confrontar el horror: prisioneros que el ejército ligaba con Lucio Cabañas y a los que, tras interrogarlos, "se les da a tomar gasolina y se les prende fuego" y sus restos se abandonan. Ejecuciones sumarias sistemáticas de grupos de 14 a 16 personas hechas en una base militar de Pie de la Cuesta por individuos como Mario Arturo Acosta Chaparro, siempre con la misma pistola 380, para luego encostalarlos y tirarlos al mar usando siempre el mismo avión Arava. En fin, ningún resumen hace justicia a ese desastre que afectó a campesinos pobres.
En Conclusión. Los reportajes recientes de Revista R o El Universal se refieren a torturados de aquí y ahora; sólo difieren de los casos expuestos en Comverdad en que las víctimas siguen con vida, pero junto a lo acontecido en Iguala y Tlatlaya y todo lo ocurrido antes y después, prueba que en el combate a la tortura y a la corrupción estamos muy atrasados. La tortura, se dice, corrompe al torturador, a la institución que lo sostiene y a la sociedad que tiene tales instituciones. En este tema, todos estamos perdiendo.
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