Instituto del Migrante, no operó... ni operará

Creado en junio de 2013, el Instituto de Atención a Migrantes, deja de existir sin ni siquiera haber entrado en operación.

Fueron los diputados Fernando Barragán Gutiérrez y Raúl Vargas Martínez, quienes presentaron la iniciativa de adiciones y reformas a la Ley de Protección a Migrantes del Estado.

Barragán Gutiérrez, mencionó que las responsabilidades que corresponderían al Instituto de Atención al Migrante recaen en la Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes.

Mencionó que la citada Dirección, adscrita al Despacho del Titular del Ejecutivo del Estado será fortalecida para brindar la atención que los migrantes requieren.

"Se contará con todas las facultades que se contemplaban con el Instituto, sólo que ahora la responsabilidad recae en una instancia que contará con los recursos necesarios para una buena atención", apuntó.

Indicó que además de reformar la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Durango, se hicieron cambios al artículo 39 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

En el entendido de que el corredor entre México y Estados Unidos se presenta el mayor fenómeno migratorio del planeta, resulta necesario fortalecer las políticas públicas que tienen como objetivo proteger a esta minoría.

Con la aprobación del dictamen quedó configurada la Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes como el principal órgano responsable de la protección de los migrantes en la entidad.

Entre otras, dicha Dirección tendrá la obligación de formular al Ejecutivo el proyecto de políticas dirigidas a la atención de la problemática de los migrantes y sus familias.

También deberá someter a su consideración el programa anual de actividades, en el que se deberán incluir las políticas públicas, servicios y programas estatales y regionales, para el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el presente ordenamiento legal.

Además deberá crear y operar, en coordinación con las autoridades indígenas, programas de protección a migrantes de las comunidades indígenas del Estado, así como de comunidades equiparables, estableciendo acciones para garantizar sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de salud.