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Oportunidad de cambio

JOSÉ ANTONIO CRESPO

Las crisis son al mismo tiempo oportunidades, se suele decir con razón.

La actual crisis de credibilidad, política o de régimen, según sea el caso, estalló tras una acumulación de hechos adversos, lo mismo la prolongada y creciente situación de inseguridad, delincuencia y crimen organizado, como por la corrupción rampante -en distintos rubros- de la clase política en general (de todos los partidos) y en todos los niveles de gobierno. Por eso mismo el decálogo propuesto por Enrique Peña Nieto sonó a la mayoría como muy pequeño para la magnitud de la crisis; repetitivo de propuestas anteriores, o de medidas que ya se están tomando, o como otras francamente inadecuadas o inaplicables. Varios expertos señalan que el mando único estatal para las policías, aunque suena racional, será de poco valor pues recaerá en los gobernadores, que son tan desconfiables como muchos presidentes municipales. Piense en gobernadores y exgobernadores que han resultado o ineptos o corruptos (o ambas cosas), como para percatarse de que ese paso, aunque en dirección correcta, puede resultar fútil, y algunos piensan que contraproducente, pues sería dar más poder a los cínicos e impunes señores feudales que trajo la apertura política (llamarla democratización, resulta ya muy idealista). Sería mejor tener un mando nacional, como en muchos países, si bien tampoco sería garantía sin el debido entrenamiento y reformas de ese cuerpo.

Por otro lado, como bien señala Miguel Carbonell, la asunción de funciones por la Federación de aquellos municipios vinculados con el crimen organizado puede resultar engorroso, tanto como porque muy fácilmente se puede caer en dicha categoría (bastan tres personajes corruptos para que ocurra), como porque se le está dando una salida política a lo que es en esencia un problema de justicia. Se trata de un sucedáneo de incierta eficacia ante la gran ausencia de un sistema de justicia eficaz, que termine con la endémica impunidad, incluyendo la que el propio Carbonell califica de "invisible", es decir la cantidad de delitos de diversa índole que no están en el aparador, que no suscitan marchas ni casi noticias y que desde luego no son atendidas por la autoridad. Los delincuentes involucrados gozan de impunidad. Los problemas son pues de tal magnitud que las propuestas de Peña quedaron pálidas.

Por otro lado, se dice que no hubo autocrítica, en relación a la corrupción gubernamental, negligencia, ineptitudes, y algunos esperaban alguna mención sobre la casa blanca, asunto que Los Pinos ya dio por cerrado. Era difícil pensar que el Presidente aceptara de algún modo la irregularidad escondida en el caso, pero resulta que tampoco el Congreso toma cartas en el asunto con alguna comisión de investigación. En México, sigue estando en manos de la Presidencia la decisión de llamar a cuentas o no a los "peces gordos" de la corrupción, por lo que evidentemente la propia casa presidencial está fuera de esa posibilidad, siendo juez y parte. La reforma anticorrupción pretende quitarle ese privilegio, pero falta ver si su aterrizaje de verdad se traduce en hechos eficaces. Y en cuanto a la reforma de fondo contra la corrupción, el PRI pretende imponer un Consejo de la Integridad Pública formado por el Ejecutivo y los gobernadores, justo quienes deben ser vigilados más que vigilantes; se convertirían así, otra vez, en juez y parte. ¿En dónde radica el avance? Es evidente que la clase política no quiere soltar el control del tema, pues perdería la garantía de impunidad que hoy prevalece. Mientras quienes decidan si se combate en serio la corrupción sean los mismos involucrados en ella, nos quedaremos dando vueltas en círculo. Se perdería la oportunidad agravándose la crisis.

Profesor del CIDE

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