Las iniciativas legales que han surgido en los últimos años con la intención de garantizar la movilidad en las calles son utilizadas por los intereses que ven la protesta como un arrebato irracional más que como un recurso para los individuos o grupos de expresar legítimamente un desacuerdo público. La mayoría de las propuestas de ley contienen elementos que violan el derecho a la libre expresión. Sus cláusulas se sostienen en una falsa dicotomía que sobrepone el derecho a movilizarse y el orden público al derecho a la libre expresión.
Un ejemplo inmediato es la Ley de Movilidad aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que contiene suficientes elementos para entender cómo se abusa de la necesidad que tenemos los ciudadanos de contar con una regulación que promueva la integridad física y abra opciones de transporte óptimas. Mezclan mañosamente garantías de movilidad con restricciones de libre expresión. Comencemos con que integran la obligación de presentar aviso previo y de calificar si las manifestaciones tienen o no un fin lícito. Además se plantea la exigencia de informar a la autoridad con 48 horas de anticipación de la protesta, lo cual es constitucionalmente desproporcional, ya que puede haber una necesidad inmediata que no admite plazo para liberar la tensión social a través de la libre manifestación, en caso de sucesos que cimbren a la opinión pública o cuando exista gran descontento social por alguna situación o violación de derechos humanos.
Lo más riesgoso es el argumento del "orden público" porque consideran que basta la simple suposición de que las manifestaciones produzcan una alteración al orden público, sin determinar cómo debe comprobarse exactamente que esta afectación sea inminente y cierta. De modo que se le otorgan facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para "tomar las medidas necesarias" respecto al bloqueo de vías primarias, con lo que se abren posibilidades infinitas para la actuación discrecional de la autoridad, que a la fecha ha demostrado en los mejores casos incompetencia y falta de apego al debido proceso y en los peores, agresiones a manifestantes que han resultado letales.
Con estos y otros argumentos, arropados por la organización Artículo 19, el periodista Daniel Moreno Chávez y yo presentamos una demanda de amparo que ha sido concedida por la Juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Paula García Villegas Sánchez Cordero. Se presentaron 19 demandas más de las cuales se han concedido otros dos amparos.
El 3 de diciembre, el Gobierno del Distrito Federal impugnó (mediante recursos de revisión), los tres amparos concedidos que declararon la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad. Confiamos en que la impugnación no proceda.
Sin embargo, las tentaciones autoritarias no se limitan a la ciudad de México. Es importante estar alertas de que la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados para impulsar una Ley de Movilidad a la que denominan "universal" no se traduzca en regulaciones con los mismos tintes restrictivos. Por lo pronto el Senado deberá aprobar este dictamen consciente de que elimina los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad que se dejan como materia de la ley secundaria. Es buen momento para que aquellos que valoran las libertades lo demuestren restituyendo estos principios en el texto constitucional y eviten que la regulación sea un pretexto muy movilizador para paralizar la protesta.
Analista política y activista ciudadana
