La delegación Miguel Hidalgo presentó una denuncia penal contra cuatro ex funcionarios de esa demarcación por presuntos actos de corrupción y uso indebido del servicio que han provocado un daño al erario delegacional por 15 millones de pesos.
Los directores generales de Gobierno, David Razú, y de Jurídico, Adolfo Román, entregaron la queja en la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo, en la cual se señala a cuatro personas que durante la gestión interina de Alfredo Vinalay en 2009 se encargaron de hacer un contrato con la empresa TAO, con el fin de realizar una supervisión externa de obras públicas hechas en la gestión de la ex delegada Gabriela Cuevas.
La empresa fue contratada para hacer un "estudio estadístico del grado de cumplimiento normativo, administrativo y presupuestal en materia de adquisiciones, arrendamiento servicios y obras públicas", lo que cuestionaron Razú y Román, porque cada contrato de obra debe incluir a su vez un contrato de supervisión de los trabajos, por lo que los diagnósticos aislados no están permitidos.
Además, criticaron que el supuesto diagnóstico se aplicó en tres días, lo "que es imposible", dijo Adolfo Román.
El contrato con TAO era por 10 millones de pesos, de los cuales se pagaron 3 millones en la pasada administración mientras que los 7 millones de adeudo generaron intereses por lo que ahora la empresa denunciante exige 15 millones de pesos, los cuales se deberán pagar pues así lo ordenó un tribunal, reconocieron las autoridades delegacionales.
Los ex servidores públicos denunciados son el ex director General de Administración, Luis Barajas Medina; el director de Recursos Materiales y Servicios Generales; Fernando Zepeda Zepeda; el ex director General de Desarrollo Delegacional, Arnulfo Aurioles Gamboa, y el ex director General de Obras y Desarrollo Urbano, Eustaquio Trejo Álvarez y quien resulte responsable.
Los ex funcionarios señalados fueron inhabilitados por la Contraloría General y la delegación fue notificada de ello hace unos días por lo que fue hasta ahora que pudieron fundamentar la denuncia penal, justificó el director general jurídico, Adolfo Román.
