Descartada, en medio de una catarata de críticas, la posibilidad de un Pacto contra la Inseguridad, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, esta mañana se anuncia la integración de una Comisión de Estado, los tres poderes en concierto con participación de la sociedad civil, bajo el mismo tenor: combate a delincuencia, complicidad e impunidad.
De acuerdo al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se trata de "modificar lo que no funciona", en un escenario en que el horror de Ayotzinapa, cascada de fosas clandestinas al calce, ha revertido la imagen del país de cara a las reformas estructurales.
De acuerdo a la calificadora de deuda Moody's, la inseguridad en el país impidió concretar durante el tercer trimestre del año inversiones en puerta, lo que explica el raquítico crecimiento de la economía en el periodo.
En su encuesta de expectativas de octubre de cara a 35 analistas privados que convoca el Banco de México, el 24 por ciento de ellos considera a la inseguridad como uno de los factores que podrían limitar el crecimiento económico del país.
A diciembre del año pasado el porcentaje era de 14.
El propio gobernador del instituto, Agustín Carstens, había dicho que la inseguridad estaba convirtiéndose en el mayor lastre del país.
Aunque la Secretaría de Hacienda mantiene un pronóstico de crecimiento para este año de entre 2.1 y 2.6, tras su quinta revisión a la baja, el común de los analistas privados habla solo de 1.8.
Así, está viva la advertencia del influyente "Financial Times" en el sentido de que México necesita seguridad y orden tanto como reforma económica, señalando letra por letra que la desaparición de 43 normalistas "se ha vuelto importante recordatorio de ilegalidad mexicana". No es ocioso señalar la vinculación entre la caída del flujo de inversión extranjera al país al tercer trimestre del año, 46 por ciento menos que en el mismo lapso del año pasado, al estado de zozobra que vive el país.
De acuerdo a la firma FTI Consultores, el 57 por ciento de las empresas han sido afectadas en una u otra medida por el clima de inseguridad. Estas realizan inversiones para protegerse, en montos que oscilan entre el 10 y el 40 por ciento de sus ingresos.
La paradoja del caso es que en el abanico de planteamientos que se hará hoy se habla de tipificar el delito de extorsión en su fase de "derecho de piso", cuando el flagelo se arrastra desde el gobierno del presidente Vicente Fox. La solicitud de alcabala de la delincuencia no discrimina entre el negocio de sobrevivencia y la empresa productora de vehículos, las cadenas de autoservicio, las firmas de mensajería, las tiendas de conveniencia.
De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, hasta el 2012 se habían cuantificado 16 mil cierres de empresas por cuestiones de inseguridad. La cifra se ha multiplicado al infinito en los últimos dos años.
Según instancias internacionales, la inseguridad le cuesta al país entre el 0.5 y el uno por ciento del Producto Interno Bruto, lo que implicaría de 90 mil a 180 mil millones de pesos.
Y conste que los grupos delincuenciales no dan recibo por las extorsiones.
Y conste, desde otro ángulo, que el presupuesto para las instancias de seguridad se ha incrementado al infinito en los últimos años. Para el próximo habrá un salto de ocho por ciento en el gasto para las Secretarias de la Defensa y Marina.
El Centro de Análisis de Políticas Públicas de México señala que el mayor gasto no está asociado a mejores resultados.
Y quién cuantifica el costo que representa para el país la rehabilitación física o moral o las indemnizaciones a las víctimas de la violencia. Por lo pronto, la expectativa reclama que bajo el marco del Acuerdo se abra el escenario para un cambio de funcionarios, además de cerrarle el paso a los contubernios entre autoridades y delincuentes, por más que se revive el viejo tema de una policía nacional.
¿La enésima es, ahora sí, la vencida?
BALANCE GENERAL
Colocada de espaldas a la pared de cara a la cuantiosa indemnización reclamada por la firma china Railway Construction por la cancelación de la licitación que había ganado para construir y operar el ferrocarril de alta velocidad México-Querétaro, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes le apuesta a que ésta participe en el borrón y cuenta nueva.
De ser así, sería aprovechable la inversión realizada por la compañía en la fase previa. En el nuevo intento ya no participaría la constructora incómoda Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, la firma que construyó y operó como financiador de la Casa Blanca de Las Lomas.
Tampoco lo hará la empresa Prodemex, encabezada por Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña, aunque si lo haría Gia, propiedad a su vez de Hipólito Gerard, excuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En el papel, pues, ya no habría críticas de favoritismo. Sin embargo, queda en el aire la posición del titular de la dependencia, que en un programa radiofónico había declarado que la cancelación de la licitación había sido ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto… para luego decir que él se lo había sugerido. Minutos antes el funcionario había defendido la legalidad del proceso de cara a una comparecencia en el Senado.
SLIM A ESPAÑA
Finalmente el magnate Carlos Slim aceptó el coqueteo de los accionistas de la empresa constructora española FCC, adquiriendo el 25 por ciento del capital.
La noticia provocó un alza en la cotización de las acciones de la firma ibérica de cuatro por ciento.
Ávida de capital fresco por mil millones de euros, la firma había pactado originalmente la participación del multimillonario George Soros, quien decidió cancelar el compromiso.
Se calcula que en su apuesta Slim le apostará a la compañía la mitad de la cantidad.
CRECE AFORE COPPEL
Aunque está muy lejos de cobrar las comisiones más bajas del mercado, la administradora de fondos para el retiro Coppel ha logrado afiliar este año a un millón de trabajadores, 900 mil de los cuales llegaron por primera vez al esquema.
La razón se ubica no solo en el rendimiento que ofrece a su clientela, sino en la posibilidad de un servicio personalizado. La firma tiene un esquema de atención individual para sus seis millones de afiliados.
Las reclamaciones entre enero y septiembre llegaron a 1.3… por cada 10 mil usuarios. Se diría, pues, que la apuesta no está solo en el terreno de las comisiones, por más que en éste se concentra la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
CONSULTORIOS POPULARES
Iniciada la "moda" por la cadena de farmacias Similares de Víctor González Torres, con 200 de ellos, la instalación de consultorios anexos a boticas ha crecido al infinito. Estamos hablando de 13 mil. Su récord de consultas supera ya a las que ofrece el IMSS y le pisa los talones al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El auge llegó ante la prohibición del gobierno de vender medicamentos a base de penicilina, es decir para combatir infecciones, sin receta médica.
Planteadas una serie de denuncias sobre la operación de éstos, la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris), les entregó un listado de los requisitos que por ley deben de cumplir, empezando por la atención de médicos titulados y con registro sanitario; la apertura de expedientes por pacientes, hasta el mínimo de mobiliario en sus instalaciones.
La exigencia también habló de tarifas acordes al público de escasos ingresos.
Naturalmente, la proliferación es signo vivo de la falta de efectividad de la medicina social en materia de atención oportuna.
