Los recientes acontecimientos de Ayozinapa abren una grieta más en la ya fracturada nación mexicana, porque no son los únicos hechos que han caracterizado la violencia de la última década en que ésta aparece y nos sorprende por su forma demencial de expresarse, pero si son el extremo que involucra jóvenes cuyas vidas se desenvolvían en el marco de esa fractura social pero al margen de las redes criminales y, quizá por eso, tiene un matiz ético que indica el límite que una sociedad puede tolerar en términos civilizados.
La sociedad mexicana ha dado muestras de tolerancia extrema, puesto que el costo de vidas en menos de una década equivale a la mitad de las que ha cobrado el conflicto armado de medio siglo entre el Estado colombiano con las guerrillas y paramilitares, pero mientras en el país sudamericano ese conflicto y el del narcotráfico, no tan desvinculados entre sí, ha generado una respuesta ciudadana que en no pocos casos ha superado el secuestro que los partidos políticos tenían del régimen político y la propia Sociedad Civil colombiana, como sucede con los movimientos de Medellín y Bogotá, en México la ciudadanía no ha podido librarse de ese camisón de fuerza que le han representado, donde probablemente solo el Distrito Federal y otros pocos lugares pareciera salvarse, aunque no de manera tan convincente.
Pero la grieta de Ayozinapa, lamentable y dolorosa, es producto de un proceso de deterioro de una nación que exhibe una economía emergente capaz de sortear la última crisis recurrente del capitalismo mundial, pero también muestra un crecimiento vertiginoso de la pobreza que abarca a la mitad de su población y, por las movilizaciones que acompañan a los jóvenes normalistas desaparecidos aunado a la percepción que se ha configurado de estos hechos, un divorcio entre la exitosas élites económicas y políticas con la mayoría de los ciudadanos mexicanos, convirtiendo a este país en uno de los más desiguales del planeta.
La fractura social, por generalizar el término de una manera, al ser una fractura de la nación, también lo es económica, política, ambiental y, nos guste o no, cultural, que si bien no pone en duda su carácter como tal, cuestiona el proyecto que al respecto vienen construyendo dichas élites durante ya casi tres décadas, sean de uno u otro partido que ha tenido la oportunidad de dirigirla, claro está, anteponiendo sus intereses privilegiados, pero minoritarios, a los de la mayoría de los ciudadanos mexicanos que le conforman.
Tal parece que el modelo neoliberal de desarrollo económico no mostró las bondades que preveía con respecto al modelo previo, donde se apostó a las fuerzas del mercado como factor que impulsaría un cambio importante desarticulando el desgastado aparato estatal que con su marcado intervencionismo inhibía las fuerzas productivas y trababa las relaciones sociales de producción de la economía, transformaría el sistema político que atrapaba a los ciudadanos en las estructuras corporativas del Estado y aumentaría el empleo a la vez de que mejoraría el ingreso de las familias.
Tres décadas después, la liberalización económica marcada por las privatizaciones de las empresas estatales, la restricción de las funciones del Estado y la apertura comercial externa como respuesta a la llamada globalización, si bien abrieron espacios de participación ciudadana estos no resultaron de la promoción de una política democratizadora sino fueron conquistas de la Sociedad Civil arrancadas al viejo régimen político, de modo tal que el proceso democratizador aún no concluye en tanto este no transforme los mecanismos de control y dominación que inhiben el ejercicio libre de ciudadanía y, particularmente, no se refleje en un cambio real en los ingresos y en la calidad de vida de la mayoría de la población, no solo de la reducida élite beneficiada con el neoliberalismo.
El crecimiento económico de México ha aumentado la riqueza generada en el país, ha proyectado a prominentes integrantes de su élite y sus corporaciones entre los más ricos del mundo, pero la desigualdad que provocó la forma en que se hizo ha contribuido a crear esa fractura social que no solo incremento estrepitosamente el número de pobres o estimuló la democratización de algunas urbes urbanas o espacios rurales donde las clases medias y sectores populares pendularon los resultados electorales, también favoreció la ampliación de los espacios y redes de intervención del crimen organizado en el tejido social, incorporando ejércitos de pobres vinculando el lumpen barrial y rural con los delincuentes de cuello blanco, hasta penetrar las estructuras gubernamentales y en no pocos casos asociarse con el poder político.
Ante el posible escalamiento de esta situación, lo peor que puede hacerse es tratar de resolverlos con las viejas recetas de la manipulación y simulación que caracterizan al viejo régimen político renuente a cambiar, por ello para enfrentar y buscar soluciones a la fractura social que evidencia los límites del modelo de crecimiento económico neoliberal, que al parecer las recientes reformas estructurales continúan por esa misma línea de conducción, y el propio régimen político corporativo clientelar que enajena o establece una condición de alienación de la población, es necesario una transformación por la vía democrática, pacífica, civilizada, de las condiciones estructurales y la cultura en que se encuentra nuestro país. Por ello, debemos ver los hechos recientes como una oportunidad para que México sea el país de nunca jamás.
