Desde la Presidencia pretenden, con inconsistentes declaraciones, desviar la atención del problema de corrupción en el que está implicado Enrique Peña Nieto por la casa de Las Lomas. Vayamos primero al fondo después a las formas.
Los 87 millones de pesos en los que está valuada la casa, sin duda son escandalosos, pero en realidad hay cifras involucradas en este asunto que definitivamente explican las razones por las que HIGA opera como inmobiliaria de este inmueble. Si consideramos tan sólo los montos que se han revelado en la revista Proceso y en Aristegui Noticias, el contratista por realizar la obra del Acueducto Monterrey recibirá 47 mil millones de pesos (repartidos en 20 años), más 30 millones que recibió de la campaña de Peña Nieto por servicios aeronáuticos, las múltiples adjudicaciones directas que ha recibido del gobierno federal: Banobras por 10.7 millones, Hacienda por 6 millones de pesos, Comunicaciones y Transportes por 5.5 millones, Pemex 4 millones, Nacional Financiera 2.6 millones, Bancomext 1.5 millones y 100 millones de pesos por remodelar el hangar presidencial. A todo esto habríamos de incorporar los montos por todos los contratos que Peña Nieto le otorgó a HIGA cuando fue gobernador del Estado de México.
Vayamos a las formas. Ni el Presidente ni su esposa han explicado la fortuita coincidencia de que su segunda casa esté directamente vinculada con su contratista predilecto. En un insulto a la inteligencia intentan acallar las denuncias de conflicto de interés y desvío de recursos. Desde la oficina de la Presidencia aventaron al ruedo a la Primera Dama. En su video, Angélica Rivera no sólo evade la evidente relación de su marido con Hinojosa Cantú, presidente del Grupo HIGA, sino que coloca a un tercer actor involucrado: Televisa. Con suficientes privilegios cuenta la televisora como para no avalar las débiles declaraciones de la Primera Dama y comprobar, quién sabe cómo, que sus ingresos han sido exorbitantes y puntualmente reportados ante el Sistema de Administración Tributaria. Con rostro compungido, tono de enojo y soberbia, la Gaviota revela la frustración que le ocasiona aparecer como la única responsable de un acto por el que debía haber dado la cara su marido. Quizá tenía claro que el convenio nupcial incluía asumir ciertos riesgos legales. No es cosa menor que justo un día después de anunciar su compromiso haya arrancado la construcción de dicho inmueble. Con la cabellera nuevamente rubia asume su sacrificio y anuncia que venderá la casa para proteger la honorabilidad de su familia. La venta incrementa cualquier sospecha sobre la honestidad de su adquisición.
Una vez que ha expuesto a su mujer, el Presidente ofrece una declaración patrimonial "ampliada" y la felicita por su pronunciamiento público. Esperan que olvidemos el asunto como quien olvida el argumento hueco de una telenovela.
Para tener respuestas jurídicas a frases como: "Aunque no estoy obligado por la ley" se hacen imperativos nuevos pendientes regulatorios. Las declaraciones patrimoniales de funcionarios y cónyuges deberían ser obligatorias, las adjudicaciones directas, multianuales y millonarias deberían ser aprobadas y verificadas por consejos externos especializados en corrupción. Además, no nos vendría mal un sistema que dé seguimiento a los pagos en efectivo que se realizan los funcionarios públicos de alto nivel cuando han cerrado un gordo contrato público.
Analista política y activista ciudadana
