Las autoridades estatales de Coahuila se han metido en un “enredo” al tratar de justificar el vacío de 18,348 millones de pesos en las cuentas de la anterior administración, y que forman parte de la deuda de, según las nuevas cifras reportadas por la Secretaría de Finanzas, 37,000 millones de pesos que dejó el gobierno de Humberto Moreira y Jorge Torres López.
El martes pasado, el secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, reconoció que no sólo hubo alteración de registros, sino también sustracción de documentos, por lo que el gobierno del Estado no está en la posibilidad de conocer en qué se invirtió el dinero de los créditos contratados. Lo que Ramos sugiere en un primer momento es que alguien robó los documentos. No obstante, al día siguiente el gobernador Rubén Moreira manifestó que no tenía conocimiento del supuesto robo.
El jueves de la misma semana, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas había presentado una denuncia en diciembre de 2012, pero no por robo sino por omisión en el proceso de entrega-recepción. Es decir, existen documentos que la actual administración no recibió. Pero la Procuraduría no ofrece más datos y llama la atención que la averiguación, a dos años de iniciada, aún sigue en etapa de integración.
Pero el viernes, el mismo Ismael Ramos se desdijo de lo que había declarado el martes, y ahora aseguró que “no hubo robo”, que se trató de una omisión, ausencia de papeles en el proceso de entrega-recepción.
Por su parte, el subsecretario de Deuda Pública, Armando Rubio aseguró el mismo viernes que “sí hay ausencia de documentos, no sólo relacionados a la deuda, sino a otros rubros”. Robo o ausencia, el asunto es que faltan documentos que sustenten al cien por ciento el destino de la deuda, según las versiones confusas de los funcionarios.
Estas contradicciones en el gabinete del gobernador Rubén Moreira reflejan dos aspectos: el poco o nulo interés que existe por aclarar el destino de ese dinero y la confirmación de más anomalías en el proceso de entrega-recepción, pero sin que exista avance alguno en la investigación.
Pero más allá del enredo, las preguntas siguen siendo las mismas desde que se dio a conocer el monto total de la deuda pública del estado: ¿a dónde se fue el dinero? ¿En qué se gastó?
En contraste con lo que ocurre en México, en Estados Unidos las investigaciones del “caso Coahuila” registran notables avances y una de las tesis, cada vez con mayor sustento, es que parte del dinero que exfuncionarios y empresarios transportaron, lavaron e invirtieron en Texas, provino de las arcas estatales coahuilenses.
Resulta contradictorio que un gobierno que se ha empeñado en ofrecer un rostro distinto en materia de transparencia, no haga nada para aclarar qué fue lo que pasó con los recursos de una deuda que tiene hoy al estado atado de manos para realizar la inversión pública que necesita la entidad.
Es una obligación de los gobiernos presentar cuentas claras a sus gobernados, porque el dinero que reciben proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos. Dejar en la oscuridad el destino de esa fuerte cantidad de dinero sólo contribuye a abonar a la desconfianza y resentimiento de la sociedad.
