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Se agudizan crisis política, social y económica

JESÚS CANTÚ

La semana estuvo llena de noticias que en general confirman que las crisis política y social, en la que está inmerso el país; pero agregan una clara preocupación por el rumbo de la economía, pues si bien no puede hablarse de recesión ni siquiera de decrecimiento, es una realidad que el país crece muy por debajo de las expectativas, pero peor aún: de lo que requiere para tan sólo sostener los actuales niveles de vida de la población mexicana.

Así para algunos el término de crisis económica puede ser exagerado, pero es un hecho que mantener las actuales tasas de crecimiento (por debajo del 2% del Producto Interno Bruto anualmente) impactará, más temprano que tarde, en los niveles de bienestar de la mayor parte los mexicanos y, muy particularmente, de los más desprotegidos.

La semana pasada en este mismo espacio se abordaron dos asuntos que preocupaban y ocupaban a la Junta de Gobierno del Banco de México: la caída en la producción y los precios del petróleo y la creciente inseguridad e inconformidad social; unos días después se anunció por parte de la misma institución el ajuste a su pronóstico de crecimiento; y, el viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo lo propio. Hacienda oficialmente reconoció que la caída en la producción petrolera tendrá un impacto de 0.4% en la tasa de crecimiento, es decir, que se reduce en esa cifra.

Aunque ninguna de las dos dependencias ubica los niveles mínimos de sus rangos por debajo del 2% (Hacienda ubicó su rango entre 2.1 y 2.6%), ya casi a la mitad del 3.9% estimado en los criterios de política pública presentados en septiembre del 2013 al Congreso de la Unión; pero ya hay analistas económicos que señalan que en realidad es muy probable que el crecimiento anual se ubique por debajo del 2%. Hay que recordar que en 2013, finalmente la cifra oficial se ubicó en 1.1%; en el 2014, todo indica que rondará el 2%, así que en los dos primeros años de gobierno será un acumulado de 3%, muy por debajo del prometido 5% anual.

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la tasa de crecimiento media anual de la población mexicana en el periodo de 2005 a 2010 fue de 1.8%, es decir, que si la misma se mantiene en estos años (lo cual es muy probable) la tasa de crecimiento del PIB es inferior al de la tasa de crecimiento poblacional con lo cual el PIB per cápita habría descendido. Esto sin tomar en consideración ningún indicador de distribución del ingreso o de desarrollo humano, como pueden ser los asuntos de educación, salud y servicios básicos, que seguramente también se deterioraron.

Hoy la aceptación de la existencia de una crisis política (pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales, incapacidad de éstas para resolver la ingobernabilidad en varios estados del país -Guerrero y Michoacán, destacadamente-, etc.) es prácticamente generalizado; lo mismo sucede, con la crisis social, cuya expresión más grotesca e impactante es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y los números dados a conocer en la semana evidencian que también estamos en crisis económica.

Pero en la semana también hubo dos eventos que abonaron en la percepción de las crisis política y social: el intento del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, de aclarar la compra de la "Casa Blanca" o "Casa de Las Lomas"; y la suspensión de la celebración pública oficial del aniversario de la Revolución Mexicana, el pasado jueves 20 de noviembre.

La encuesta difundida el sábado por el periódico Reforma, en la que da cuenta que el 71% de los encuestados no cree su explicación, es una evidencia contundente de lo inútil de sus esfuerzos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en sus explicaciones ignoraron totalmente el problema mayor: el conflicto de intereses, cuando el "constructor del sexenio" celebra un muy generoso contrato de compraventa de una casa con la esposa del presidente; escudados en la formalidad de que Angélica Rivera no es funcionaria pública, argumentaron que lo dejaron de lado, pero la ciudadanía no les compró el argumento.

Así, este hecho nutrió y avivó la indignación popular y alimentó las protestas ciudadanas a todo lo ancho y largo de la República Mexicana y en varias ciudades del extranjero. La ciudadanía ocupó las vías públicas y, en su inmensa mayoría, lo hicieron en forma pacífica para demandar la presentación con vida de los 43 normalistas. El gobierno intentó desacreditarlas por las condenables expresiones de vandalismo que aparecieron principalmente en el Distrito Federal; pero sus acciones policiacas para evitar estos delitos, nuevamente afectaron a inocentes, con lo cual provocaron nuevas denuncias.

Hay que aceptarlo con todo realismo: México se encuentra en la peor crisis de su historia contemporánea, nunca habían coincidido los tres ámbitos; el gobierno no encuentra la vía para atenderla; el resto de los actores políticos está sumido en conflictos internos que los descalifican como alternativas viables; aunque se pretenda ignorar, es un hecho que importantes empresarios mexicanos son copartícipes (y, desde luego, beneficiarios) de la degradación de la vida pública; y, más allá de las movilizaciones masivas, la debilidad de la sociedad civil también es manifiesta.

La evidencia es irrefutable: la alternancia política en la Presidencia de la República no condujo a la transición de un régimen autoritario a uno democrático; no se construyeron las instituciones de la democracia, indispensables para ello. La gravedad del momento obliga a refundar el Estado mexicano.

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