El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Francisco Javier Acuña, aseguró que la transparencia debe servir, en estos momentos, como un blindaje electoral y ser asumida por los partidos políticos y todas las instituciones públicas, como una obligación de todos los días.
Al participar en el Seminario Transparencia, Partidos Políticos y Democracia, Acuña coincidió con César Astudillo Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), en la necesidad de promover y vivir una cultura de la transparencia en todo el país.
En el panel en el que se abordó el tema de la transparencia en los grupos parlamentarios y partidos políticos, el diputado panista Fernando Rodríguez Doval reconoció que el nivel de transparencia de los recursos públicos que ejerce el Poder Legislativo es malo y propuso que se debe hacer público el sistema de contratación de personal del Congreso, los recursos que ejercen la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, entre otra información.
"La transparencia en el Congreso sigue siendo, insisto, una asignatura pendiente. Estamos en buen tiempo, estamos justo en el momento de incluir todo esto a la ley o a las leyes generales relativas o reglamentarias de esta reforma constitucional y tenemos que hacerlo", precisó.
María Marván Laborde, investigadora del IIJ-UNAM y presidenta del Consejo de Transparencia Mexicana, expuso que de todas las obligaciones de transparencia previstas en la propuesta de Ley General, pendiente de discusión y aprobación, ninguna se relaciona con el dinero que manejan las fracciones parlamentarias y advirtió que, de quedar así, no se logrará transparentar el manejo de los recursos de los grupos legislativos.
"Creo que sería inexcusable que esto quedara como está planteado en el momento", sostuvo.
Manifestó que los ciudadanos tienen que saber no sólo el dinero que manejan, en qué se gasta, sino a quiénes contratan. "En términos generales no tenemos ninguna manera de saber si de nuestro dinero se le está pagando un salario de 50 mil pesos, de 30 mil pesos, de 10 mil pesos, a alguien que tiene la preparación o no para hacer el trabajo", enfatizó.
Ana Elena Fierro Ferráez, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) propuso que en la plataforma de Datos Abiertos se incluya también información de los representantes políticos que le permita a la sociedad conocerlos mejor y exigirles cuentas de su desempeño.
Lilia Saúl, representante de la organización México Infórmate, consideró que en la Ley General de Transparencia se debe insistir en el tema de los grupos parlamentarios para que la sociedad tenga acceso a la información de cada una de las subvenciones que reciben.
En el panel Mecanismos de control y transparencia para la selección de los candidatos a cargos de elección popular, Irma Méndez, investigadora de FLACSO, indicó que un país podrá lograr estabilidad y gobiernos eficaces si cuenta con funcionarios con probidad, y con políticos, partidos, candidatos y precandidatos con integridad.
Mencionó que los mecanismos de control y transparencia tienen que ver principalmente con las reglas claras en el proceso de selección de candidatos, en el monitoreo y aplicación de las reglas, la tipificación de conductas violatorias a la ley, sanciones, castigos o penas claras respecto a malas prácticas y con un régimen de responsabilidades amplio de dirigentes partidistas.
"Yo creo que el caso Abarca nos enseña y nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que muestra la fragilidad de la integridad de los procesos de selección de candidatos. Muestra también la falta de integridad, digamos, de algunos candidatos en sí mismos", mencionó.
María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que los candidatos a puestos de elección requieren de mayor transparencia no sólo en las historias de vida o currículums, sino en los mecanismos con los que fueron electos, y esa responsabilidad, dijo, recae en los partidos políticos y no del Instituto Nacional Electoral.
Planteó la posibilidad de que los partidos se apoyen en los organismos de inteligencia del Estado para obtener información de sus candidatos.
"Creo que si queremos avanzar en esta lógica tendríamos que pensar en la posibilidad y el mecanismo de que los partidos se auxilien de los organismos de inteligencia del Estado para tener una mayor garantía en sus procesos de selección", señaló.
