Inhóspito. Los terrenos de la Zona de Conectividad carecen de urbanización y no hay una sola empresa.
El proyecto de la Zona de Conectividad está impedido a consumarse porque los terrenos que lo integran continúan sujetos a un proceso legal, lo cual explica que carezca de urbanización, no exista una sola empresa operando y la Aduana Interior recién inaugurada sólo sea una ventanilla o extensión dependiente de la ubicada en Torreón.
Por este motivo, ni el municipio ni Luis Garza, quien se ostenta como presidente de la empresa Garza de la Mora Inmuebles, SA de CV están facultados para promover ni auspiciar la venta ni ocupación de los terrenos que son objeto de la disputa familiar.
Desde el pasado 20 de marzo de este año, el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna emitió una sentencia en la cual ordena a dicha sociedad, celebrar una asamblea para designar un nuevo consejo de administración, pues éste se desintegró tras el fallecimiento de Salvador Valencia y María Luisa Garza, quienes fungían como tesorero y secretaria.
Aunque la resolución sentencia también que se destituya a Luis Garza como presidente, esta persona goza de un amparo contra dicha orden.
La Zona de Conectividad abarca una extensión aproximada de 200 hectáreas que formaban parte de la antigua vinícola de El Vergel, en el cruce de las carreteras Matamoros-Mazatlán y México-Ciudad Juárez.
Dentro de esa superficie se ubica la Universidad Politécnica y la Aduana Interior, ambas ocupantes de terrenos que en su momento fueron cedidos en donación y en comodato -respectivamente-, por quienes formaban el consejo de administración.
Genoveva Garza y la sucesión de María Luisa Garza, accionistas mayoritarias, promovieron además una denuncia penal en contra de Luis Garza por presunta administración fraudulenta por 32 millones de pesos, debido a que sin tomarlas en cuenta, cedió un terreno de 22,197 metros cuadrados valorado en 10 millones, a la empresa Brown-Forman Tequila México, SA, para cubrir un adeudo particular.
A la denuncia se integró la venta de otros 85,805.86 metros cuadrados a la empresa hindú Vijai Electrics, por los cuales el gobierno estatal pagó 16.5 millones de pesos que Garza no reportó a la sociedad mercantil. Aunque inició la construcción de una nave industrial, la obra no terminó y está en condiciones de abandono, por lo que la inversión extranjera no se concretó.
También se sumaron 5.7 millones de pesos que la Secretaría de Fomento Económico de Durango le entregó para promocionar el proyecto industrial. La averiguación previa no ha prosperado.
Recuento
Pese al conflicto legal, se siguen creando expectativas sobre la Zona de Conectividad.
⇒ Estado y municipio aseguran que se promoverá para atraer inversiones.
⇒ El consejo de administración de la empresa es inexistente.
⇒ Existen dos juicios mercantiles y una denuncia penal en contra del único integrante.
⇒ Accionistas reclaman derechos.
