Hay dos preguntas que salen al aire y que difícilmente alguien podrá contestar en torno a la tragedia de Iguala que a más de un mes de ocurrida todavía no conocemos el paradero de sus autores intelectuales ni de los 43 normalistas desaparecidos.
La primer pregunta dice así: ¿cuánto tiempo ha perdido México en un incidente que nunca debió ocurrir y cuál será el costo final del mismo para toda la población?
Que un gobernador -ya renunciado-y su gabinete se dediquen de lleno a atender una coyuntura de tal naturaleza es comprensible y necesario, pero cuando la tragedia absorbe de tiempo completo a un presidente de la República, a su gabinete y a una sociedad indignada por los hechos, significa que las cosas no andan bien en el país.
Si no se resuelven de fondo las causas de la inseguridad del país -sea por corrupción, impunidad, pobreza y falta de autoridad, entre otras muchas causas--, no podremos llegar a ningún lado.
México no ha crecido al ritmo necesario no por la falta de reformas estructurales ni tampoco por la mala educación y la miseria. No hemos crecido porque nuestro sistema político y judicial es un desastre, las leyes se incumplen todos los días sin que las autoridades se turben.
China, con toda su pobreza y los grandes defectos de su comunismo, ha crecido a pasos agigantados por la sencilla razón de que prevalece el orden en todo su territorio y una autoridad que vigila que las leyes se cumplan.
Allá no proliferan los carteles del narcotráfico ni tampoco existe un crimen organizado que domine sectores de tan extenso país, los chinos están dedicados a estudiar, a trabajar y a producir porque saben que no tienen otro camino, la ilegalidad no es permitida.
¿Cuánto tiempo más perderemos en discursos, demagogia, iniciativas de leyes, programas de seguridad y quién sabe cuántas otras fumadas cuándo las autoridades locales, estatales y federales no cumplen con su deber principal de aplicar la ley sin distingos?
Segunda pregunta: ¿Por qué nadie actuó a tiempo para frenar los arranques de un alcalde inepto, impulsivo y ligado a la delincuencia organizada como fue el caso de José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia y quien junto a su esposa dictó la orden para atacar a los estudiantes?
Conforme pasan los días van saliendo a la luz pública el cúmulo de relaciones torcidas y convenencieras que prevalecen entre los integrantes del poder en México y que ocasionan que sucedan tan dramáticos hechos.
Así un gobernador que demora casi 30 días en renunciar a pesar de sus yerros, seguramente empoderado por su compadrazgo con el mandamás de Los Pinos y por sus conexiones de toda una vida con los jerarcas del priismo rancio y jurásico.
No queremos imaginar cuántas llamadas telefónicas de los más encumbrados políticos habrán entrado y salido de las oficinas de Ángel Heladio Aguirre durante los días y semanas posteriores a la embestida de los estudiantes normalistas.
Peor fue el caso de José Luis Abarca al reunirse días después de la matanza con el entonces dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien no actuó legalmente en su contra.
Huelga decir que Abarca seguramente contó con el apoyo de los hombres del poder -incluso del exgobernador Aguirre- para lograr fugarse y permanecer escondido.
¿Será posible tanta impunidad y complacencia para un funcionario público que nunca debió llegar a la alcaldía por sus antecedentes y por sus ligas con el crimen organizado?
Efectivamente el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta en estos momentos la peor crisis política y social en sus casi dos años de gobierno. No sabemos si logrará sortear con éxito este complicadísimo percance.
Lo cierto es que a más de treinta días de la tragedia sus acciones dejan muchísimo que desear. Hay que tener paciencia y dar tiempo para que la justicia actúe, claman las voces del sistema. ¿Cuánto tiempo más se requiere para aplicar la ley? ¿Un mes, tres meses, un año o habrá que aguantar décadas de impunidad y de vacíos de autoridad cómo ha ocurrido tantas veces?
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