Quizá lo ocurrido en Iguala sirva para dar un giro de timón en la política de seguridad del actual gobierno. En realidad, durante su campaña Enrique Peña Nieto no puso demasiado énfasis en cuál sería su estrategia, en qué sería distinta a la de Calderón como para arrojar mejores resultados. Y al inicio de su gobierno lo único diferente que se percibió fue el no poner demasiada atención en el tema, sino dirigir la atención a otro lado, mientras que Calderón que no hablaba de otra cosa, y lo único que conseguía era destacar su monumental fracaso.
Pero la magnitud de lo ocurrido en Iguala obligó al actual gobierno a reconocer la gravedad de los hechos y enfocar la atención en la seguridad. Y no será fácil volver a desviar el foco a otros temas, incluso si se llega a resolver satisfactoriamente el caso, se aclara lo que ocurrió, se prende a los culpables y se detecta el paradero de los normalistas secuestrados o sus restos.
Entonces lo más lógico sería que el gobierno debiera estar pensando qué va a ofrecer a la nación como un cambio que arroje mejores resultados que los conseguidos estos dos años. Por lo pronto, tendría que meter el acelerador para estructurar mandos únicos estatales de las policías. Pues en Iguala se confirmó lo que todo mundo sabe desde hace tiempo; que las policías municipales, lejos de ofrecer alguna ayuda, protección o seguridad a los ciudadanos, representan una auténtica amenaza. Son parte del problema, no de la solución. Aclaró el exgobernador Ángel Aguirre que el alcalde Abarca, hoy prófugo, se negó a aceptar el mando único estatal y ahora queda claro por qué. Pero ello debía fungir como palanca para presionar, si no es que obligar, al resto de los presidentes municipales a aceptar que se construya ese mando único, so pena de aparecer como sospechosos de mantener vínculos con el crimen organizado y mantener a su policía municipal con esos fines.
La situación no está como para respetar a ultranza la autonomía municipal en este tema. La creación de mandos únicos estatales no será garantía de blindaje frente al crimen, pero sí será más difícil su corrupción e impunidad (y más aun lo sería con un mando único nacional). Supongo que trabajar en ello podría representar un paso importante, aunque no único, en lo que tendría que ser un cambio de estrategia del actual gobierno para de verdad aspirar a obtener mejores resultados.
Por otro lado, el problema con haber reprimido salvajemente a los normalistas de Guerrero, además del hecho en sí, es que en materia de aplicación de la ley pasamos de un polo a otro, en bandazos pendulares. En cierta etapa del autoritarismo, una represión provocaba el efecto de detener e inhibir otras movilizaciones. No era lo deseable, pero en la actual etapa de la transición (que aún no alcanza el status de gobernabilidad democrática), el efecto es también nocivo; se estimulan más movilizaciones y protestas que además gozan de plena impunidad para hacer lo que sea, atropellar y destruir y robar a su paso, sin que exista el guapo que pretenda poner orden o detener a quienes incurren en vandalismo. ¿Quién se atrevería a tratar de detener a los manifestantes derivados de lo de Iguala por destruir edificios públicos o afectar la propiedad privada? Absolutamente nadie. Ese equilibrio donde las policías hagan respetar la ley, pero respetando ellas mismas los derechos humanos de manifestantes e incluso delincuentes, simplemente no existe en México. Y entre bandazo y bandazo no se podrá alcanzar ese difícil equilibrio. Quizá algo se podría avanzar con mandos únicos policiales, sujetos a una mayor disciplina y mejor preparación para aplicar la ley respetando los protocolos de derechos humanos y, desde luego, con mayor blindaje frente a la penetración del crimen organizado en su seno. Algo difícil de lograr, pero urgente de intentar. En todo caso, algo tiene que ofrecer el gobierno que sea distinto a lo realizado hasta ahora, pues lo hecho hasta ahora evidentemente resulta insuficiente.
Profesor del CIDE
