Podrían estar acercándose las pesquisas del gobierno federal -con el apoyo de las expertas forenses argentinas- para responder a las interrogantes sobre el trayecto y el paradero de los normalistas desaparecidos. Pero después de llegar a las nuevas fosas con más restos humanos, con la guía de las confesiones de los criminales ya detenidos, puede llevarse todavía semanas la tarea de establecer las evidencias científicas para identificar plenamente a las víctimas y fincar o desechar correspondencias con los muchachos de Ayotzinapa.
Y en este tránsito de más de un mes para resolver la urgencia de esta crisis y poner fin a las incertidumbres sobre el paradero de los estudiantes, se ha abierto paso otra crisis: la de las certezas alcanzadas a lo largo del camino, por las percepciones nacionales y globales, sobre el alcance de la descomposición de las estructuras políticas y de las organizaciones partidistas identificadas con las organizaciones criminales de esta parte del territorio mexicano.
No hay comparación posible con otras tragedias nacionales de nuestra historia, remota o reciente, o con el papel de los gobernantes, sea al afrontarlas o al generarlas. En el curso de las represiones juveniles de 1968 y 1971 se publicaba que los agentes del gobierno federal recorrían plazas, calles y hospitales para capturar heridos y levantar cadáveres con el fin de desaparecerlos y así borrar las huellas de aquellos crímenes del Estado: un siniestro Estado "juntacadáveres", para usar el título de la novela de Juan Carlos Onetti de 1964. Hoy el Estado busca a 43 estudiantes desaparecidos y encuentra cadáveres regados en tumbas sin nombre, de víctimas de poderes criminales asociados a poderes políticos de partidos distintos al del gobierno federal.
Los caídos de ayer. Tampoco se parecen las formas de gestión de las crisis en el pasado y el presente. Díaz Ordaz asumió en el 68 la responsabilidad de la represión asumiéndose como el baluarte de la ley y el orden. Echeverría removió en 1971 al entonces jefe del Distrito Federal en un esquema autárquico de ajuste de cuentas dentro del grupo gobernante. Además, en su gobierno se inició una guerra sucia contra movimientos guerrilleros con incontables muertos y desaparecidos en el silencio de los medios y de un entorno global que en la Guerra Fría celebraba el aniquilamiento de lo que se estimaban brotes comunistas.
Zedillo enfrentó a su vez la matanza de Aguas Blancas en Guerrero en 1995 removiendo al gobernador Figueroa e imponiendo al mismo Ángel Aguirre que ahora fue sustituido en el cargo, enredado y desbordado por la desaparición de los normalistas. Sólo que esta vez no se trató de una orden presidencial, sino de una decisión acordada por los diversos partidos y procesada por el Congreso del Estado. El mismo Zedillo vivió la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997, que casi 20 años después sigue en la impunidad y persigue al exmandatario hasta sus refugios en Yale University.
La expectativa de hoy. También hubo respuestas institucionales a las crisis. López Portillo puso fin a la guerra sucia y a los incentivos a la clandestinidad con una ley de amnistía y una reforma política incluyente de la izquierda. Salinas de Gortari creó la CNDH en respuesta a sus propias crisis de derechos humanos, a raíz del asesinato en Sinaloa de la activista Norma Corona.
Hoy se acumulan las expectativas de poner fin a la crisis de incertidumbre sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, con las de dar cauce a las reformas pendientes para afianzar las reformas alcanzadas y para responder a la otra crisis: la de la debilidad de nuestro estado de derecho, comprobada hoy, una vez más, con las certezas de la descomposición de las estructuras políticas identificadas con las organizaciones criminales en una parte del territorio mexicano.
No más "juntacadáveres", ni a la saga de las represiones del Estado, como ayer, ni a la de la ruindad de los criminales de hoy, empotrados en los poderes políticos locales.
(Director general del Fondo de Cultura Económica)
