— José Antonio Crespo
Aun antes de la alternancia de 2000, Carlos Castillo Peraza advertía sobre el riesgo de que la democratización podría traducirse no en el anhelado federalismo -que jamás ha funcionado cabalmente en nuestro país- sino en un auténtico sistema feudal.
Uno en donde los gobernadores -de cualquier partido- adquirieran autonomía respecto del gobierno nacional, pero en cuyos estados no funcionaran sus respectivas instituciones democráticas. Lo que provocaría que esos gobernadores hicieran lo que quisieran en sus respectivos feudos sin ser llamados a cuentas ni por el poder nacional, ni por sus propias instituciones locales, las cuales, en mayor o menor medida, estarían cooptadas, controladas, neutralizadas por el propio gobernador. Así ocurrió, ni más ni menos. El PAN, partido de Castillo Peraza, al llegar al poder, no tomó en serio dicha advertencia, y lejos de contener o limitar los poderes estatales, les brindó mayor presupuesto que nunca con miras a fortalecer el "federalismo", pero en realidad lo que quedó revitalizado fue el feudalismo. Con la (relativa) democratización, el gobierno federal perdió poder real frente a los gobernadores, al diluirse, por ejemplo, los famosos "poderes metaconstitucionales", que sin estar contemplados por la Constitución, eran una palanca real en manos presidenciales para meter orden y control en los estados. Lo que quedó de manifiesto es que ningún gobernador cayó durante los gobiernos panistas, y no que no hubiera motivo para ello. No era el priista un régimen democrático, desde luego, pero era eficaz para mantener a raya (en cierto grado) a los gobernadores. Por eso algunos parecen extrañar dicho sistema. Y quizá de ahí ha cobrado fuerza la tendencia centralizadora en algunos temas (como el electoral, pero no sólo). Sin embargo, la solución no radica en regresar a los "usos y costumbres" metaconstitucionales, suponiendo que fuera posible hacerlo, sino en fortalecer las instituciones estatales. Algo que se dice fácil, pero que implica un enorme desafío, pues justo la acción de los gobernadores y su nueva autonomía obstaculizan ese desarrollo democrático dentro de sus entidades. Se requiere de una política más enérgica de los poderes federales en general, para ayudar en dicho desarrollo.
Pero por otro lado, ese fortalecimiento de los gobiernos estatales no se ha traducido en su capacidad para mantener la estabilidad y la seguridad en sus respectivos feudos, sino que cada vez se ven más rebasados y débiles. Así, el término "Estado fallido", que refiere a un Estado rebasado claramente por las circunstancias y que implica una debilidad extrema, si bien es difícil de aplicar al Estado mexicano a nivel nacional (pese a su debilidad relativa y creciente), sí es perfectamente aplicable a los gobierno estatales de varios estados, como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por parecidos o distintos motivos. Simplemente sus gobernadores han estado pintados en la pared frente al crimen organizado u organizaciones sociales de diferente corte.
Otros estados van por ese camino (como el Estado de México). De ahí que podamos quizá aplicar al conjunto del país (en mayor o menor medida) el término de "feudalismo fallido". Y es que en el feudalismo tradicional, si bien los señores eran abusivos e impunes (nada deseable), en general tenían la capacidad de mantener el orden y la estabilidad en sus propios feudos, algo que nuestros gobernadores no muestran. Es el peor de los dos mundos, como legado de nuestra transición política (no el único, pero sí uno importante). La solución no es, insisto, regresar al presidencialismo metaconstitucional, pero por el camino que vamos, el carácter "fallido" de varios gobiernos locales podría extenderse a todo el país. En tanto no se logre imprimir democracia, autonomía y eficacia a las instituciones estatales -todas-, no podremos trascender el "feudalismo fallido" en que hemos caído.
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