Es escalofriante lo difícil que se está volviendo el asunto económico para todos. La contracción en el consumo en el país y el pobre desempeño en términos generales de la economía empezaban a ser ya la gran cruda nacional luego del término del festejo mediático por la aprobación del paquete de reformas estructurales. Sin embargo, los hechos de Tlatlaya y particularmente de los normalistas desaparecidos en Guerrero, han concentrado la atención pública en estos execrables acontecimientos referidos, porque el asunto del desarrollo o en este caso estancamiento económico ha quedado por el momento en segundo plano.
Es cierto que este gobierno federal logró en materia de cambios legislativos lo que desde tiempos de Salinas de Gortari no se veía, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Obviamente aquellos tiempos fueron mucho más sencillos para el gobierno en turno, ya que tenía las mayorías en ambas cámaras. Siempre entonces se le debe reconocer la capacidad reformista de la presente administración, pero eso no impide tampoco poder mirar con atención y sobre todo, palpar y vivir que ciertamente no hay desarrollo, este gobierno federal no ha podido en este campo, así de sencillo.
Corre el segundo año de este sexenio, y las cifras del crecimiento del PIB ahí están, no se supera ni remotamente el 2 % y eso por supuesto que trae consecuencias. Sencillamente en términos reales, los mexicanos en general estamos más fregados. Así de simple; si no se crece a mayores tasas, el aumento poblacional y de demanda de empleo superan a la expansión económica.
Por supuesto que en un mundo globalizado, el margen de maniobra de un gobierno es ya distinto al pasado. Para comenzar, México está atado a los Estados Unidos, y dependiendo el desempeñó de allá, se definirá el derrotero que habrá de seguir nuestro destino económico. Por ello hay que señalar que los gringos ciertamente no están en jauja, pero están creciendo y en esta ocasión, ese efecto no se está viviendo acá, y el motivo ciertamente proviene en gran medida de las políticas adoptadas por la administración del presidente Peña.
El año pasado, luego de la recuperación por parte del PRI de la presidencia de la república, mucho se atribuyó que la federación no ejerció el gasto público con la oportunidad debida, lo que se especula fue un ingrediente que la economía se mantuviera "seca" gran parte del año pasado, pero esto es sólo una interpretación. Lo que no es interpretación es que dentro del paquete de reformas, la fiscal por supuesto que vino a inhibir la inversión, porque ésta fue hecha para simplemente exprimir más a los cautivos, que son los que mayormente mueven la propia economía y dejó casi intocables a los informales, y por supuesto a los sindicatos, bastión del control político priista. La consecuencia está a la vista: la inversión no fluye en los niveles esperados, pero eso sí, el gobierno tienen más dinero, que se traduce en gasto, no en crecimiento.
Se puede agregar que este régimen está incrementado el déficit fiscal, que más temprano que tarde nos hará pagar las consecuencias a los mexicanos, pero particularmente, hay que hacer énfasis en una política que ha continuado desde los tiempos del presidente Calderón y que es materia de esta columna: los incrementos mensuales a los combustibles.
En el sexenio pasado, el gobierno tomó la decisión de incrementar los precios de las gasolinas y diesel arguyendo que los precios internacionales superaban por mucho los que se ofrecían acá, por lo que el subsidio aplicado era de decenas de miles de millones de pesos. Esto en términos simplistas era otorgarle a las clases altas y medias una subvención en detrimento de las clases populares, que son mucho más numerosas.
Hoy el escenario es otro, la gasolina Magna en México tiene un costo de 13.13 pesos por litro, mientras que en los Estados Unidos hoy su costo promedio es de $12.42, es decir un 6 % más barato. Es importante aclarar que México es un importador neto de gasolina, ya que importa entre el 50 y 60 % de la misma, dependiendo de la época del año, por lo que el asunto del subsidio directo no se puede ya aplicar. Seguramente el gobierno dirá que por sus costos lo sigue haciendo, pero eso ya debido al nivel de eficiencia de Pemex.
Este asunto de los precios de los combustibles viene a cuento por el recién incremento que autorizó el cabildo de Torreón al transporte público, que en su tarifa general pasó de 8 a 9 pesos, lo que significa un aumento de 12.5 %, que ciertamente es oneroso, pero este incremento es apenas la mitad de lo que ha aumentado el diesel, en los últimos 2 años, que alcanza la cifra de 25 %, ya que en 2012 valía el litro $10.99 y hoy el precio es de $13.72. Para 2014 se proyecta que el precio sea de 14.36 pesos por litro.
Así entonces, el incremento de precios que el presidente Peña Nieto autoriza para Pemex, en aras de no subsidiar a los clasemedieros y a los ricos, ha obligado también a que los incrementos impacten ya en los que menos tienen y que por obligación tienen que hacer uso del transporte colectivo, y eso no se vale, y menos de un gobierno proveniente de partido que se denomina popular.
Fregados estamos entonces por todos lados, ahora el impacto es para las grandes masas, y no parece haber remedio. Quizá si se apuran las autoridades estatales y municipales para la consolidación del metrobús, que se supone traerá ahorro para los usuarios, además de otras ventajas, o de plano, la promoción seria y responsable del uso de la bicicleta como transporte masivo, para lo cual habría que construirse y habilitarse espacios y ciclopistas, y por supuesto, hacer esfuerzos para implementar esa cultura. Algo se tendrá que hacer, porque a los pobres de aquí, ya los han vuelto a exprimir.
