Al reconocimiento por el Presidente de la gravedad de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero -hace hoy 27 días- y al trazo de medidas correctivas para evitar que el crimen se apropie de más puestos de autoridad locales, se han unido los encuentros de altos funcionarios federales con los familiares de los jóvenes, para compartir el curso de las pesquisas sobre su paradero.
Pero a esos pasos tendrán que seguir otros, cuya eficacia será probablemente definitoria de los siguientes años no sólo del gobierno, sino del país. No se le puede poner plazo al esclarecimiento de episodios criminales de esta complejidad. Pero en casos como éste, una postergación indefinida suele terminar por llevar las percepciones públicas a sesgar la responsabilidad de los criminales hacia las autoridades.
De allí que, en paralelo a cumplir las obligaciones del Estado, no sólo de respetar los derechos a la integridad física y a la libertad de las personas, sino de hacerlos respetar frente a terceros y, llegado el caso, identificar y castigar a quienes los vulneren, la eficacia del gobierno se medirá también por su eficacia para contar la historia.
"Vivir para contarlo". Aquí vale una paráfrasis de Vivir para contarla de la autobiografía de García Márquez, con el actual imperativo de los gobernantes de "gobernar para contarlo". Hoy no basta cumplir, lograr metas, transformarlo todo, si no se es capaz de construir y contar una historia, como la que logró hasta hace unas semanas este gobierno con el actual ciclo reformador. Pero también está el imperativo inverso: "contarlo para gobernar", que alude a la capacidad comunicativa como condición de gobernabilidad.
Por eso es que la ausencia, hasta el momento, de una historia cabal de los normalistas desaparecidos, ha logrado empañar, como admitió el Presidente, no sólo los logros en materia de seguridad, sino que incluso se ha tratado de cuestionar desde este vacío narrativo todo el balance reformista de estos 22 meses.
En este marco, han sido copiosas las versiones especulativas sobre lo que habría realmente ocurrido. Y ha sido atronadora la tormenta de inferencias sobre sus significados y sus reales o supuestos efectos no sólo en la vida pública nacional, sino también en el lugar de México en la escena internacional.
El tamaño del reto. Pero la historia a contar no se puede reducir a las responsabilidades de un gobierno que no llega a dos años de edad. En efecto, es muy grave la desaparición forzada de estas decenas de jóvenes, pero hay que decir que se inscribe en una tendencia que sumó decenas de miles de desaparecidos el sexenio pasado. También resulta muy embarazoso que en la búsqueda de esos muchachos se haya dado con una serie de tumbas sin nombre y con los restos de otras víctimas de criminales. Pero esto pertenece a una trágica historia regional y a una penosa marca nacional de impunidad que ancestralmente registra que en nuestro país se quedan sin castigo más del 90 % de los delitos.
Y son por demás comprometedoras las evidencias exhibidas del control del crimen sobre autoridades locales, pero es arbitrario identificar este fenómeno con el regreso al poder del partido del Presidente, empezando porque en este trance tanto el gobernador como el presidente municipal más involucrado en esta saga criminal provienen del principal partido de la izquierda.
Nada de esto pretende ser atenuante y, menos todavía, excluyente de responsabilidad del actual gobierno ante el tamaño del reto planteado. Al contrario: gobernar para contarlo y contarlo para gobernar supone, claro, primero completar la historia con el recuento puntual de lo ocurrido, pero exigirá enseguida fincar responsabilidades y castigar a los culpables, compensar a las víctimas y, lo más importante, movilizar a la nación en un proyecto correctivo de gran escala para remover los atavismos de violencia, impunidad y vacíos del Estado de Derecho que han "empañado" las transformaciones del país en los últimos lustros.
(Director general del Fondo de Cultura Económica)
