Dudas. Las versiones del caso se contradicen entre los que acusan a los soldados y quienes les defienden.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2015 sobre la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, dirigida a la Sedena, las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Entre otros puntos, el organismo recomienda iniciar una investigación a ocho militares involucrados, que sean juzgados por autoridades federales y se indemnice a los familiares de las víctimas.
Al dar a conocer la recomendación, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva aseguró que es falsa la versión de que todos fallecieron en un enfrentamiento con militares la madrugada del 30 de junio pasado.
De acuerdo con su exposición, el lugar de los hechos fue alterado para simular que 22 personas fallecieron durante el enfrentamiento, luego que los soldados detectaron personas armadas en una bodega de Cuadrilla Nueva, San Pedro del Limón, en Tlatlaya, Estado de México.
Plascencia Villanueva señaló una indebida procuración de justicia de la Procuraduría estatal en agravio de dos mujeres que estaban en la bodega donde ocurrieron los hechos, y quienes ahora están recluidas en el Centro Federal Femenil de Tepic, Nayarit.
Afirma que a pesar de ser víctimas se les ha tratado como delincuentes, y la declaración que se obtuvo de ellas, contra su voluntad, nada señala de cómo sucedieron las muertes de las 22 personas pese a que ambas fueron testigos de los hechos.
En la recomendación de 10 puntos, la CNDH solicitó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ordene proceder a la reparación del daño a las víctimas indirectas, sean indemnizados los familiares de las personas privadas arbitrariamente de la vida y se les brinde la atención que requieran.
También demandó que a las mujeres sobrevivientes, a quienes calificó como víctimas, se les proporcione atención médica y psicológica para restablecer su salud física y mental.
Además, que los militares cumplan estrictamente con el manual del uso de la fuerza de aplicación común de la Fuerzas Armadas.
Otra recomendación a la Sedena es su colaboración con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formulará ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se inicie o continúe la investigación correspondiente.
