Líderes de cámaras y sectores empresariales en ocho entidades y el Distrito Federal alertaron sobre las repercusiones de la crisis en Guerrero, cuyos efectos negativos en la economía de ese estado pueden extenderse al resto del país.
De esta manera, 17 integrantes de la iniciativa privada consultados por Periódicos Asociados en Red (PAR) difieren de la postura de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, al sostener que los hechos de violencia en Guerrero no afectan los fundamentos de la economía nacional.
La actividad económica en todo Guerrero se ha caído en más de un 40 por ciento a raíz de los hechos de delincuencia y violencia, alertó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Estos hechos, temen los industriales, podrían replicarse a otras partes del país, y subrayan que para impulsar la economía nacional es necesario un clima de paz y estabilidad.
Empresarios de Tabasco, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Durango, Sonora, Baja California, Jalisco y el Distrito Federal, destacan tres aspectos: la mala percepción internacional que desincentiva la inversión, la afectación al turismo extranjero y falta de instituciones confiables que garanticen el estado de derecho.
"Si esto no se maneja adecuadamente entonces sí nos afectará", advirtió Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.
"Se está manejando muy fuerte en la Comunidad Económica Europea y en Estados Unidos. Entonces tenemos que resolverlo rápido y mandar mensajes claros de que está vigente el estado de derecho y que no hay impunidad y se castiga a los responsables", añadió.
El presidente de la Canacintra Torreón, Eugenio Treviño, dijo que la violencia que se ha generado en Guerrero definitivamente ha afectado la actividad económica.
"Aleja las inversiones, por ejemplo, en Canacintra teníamos una convención y tuvimos que cancelar porque no hay seguridad para ello", comentó.
Mañana martes, el Senado de la República analizará la posible desaparición de poderes en Guerrero, que obligaría a nombrar a un gobernador provisional, y éste tiene tres meses para convocar a elecciones. Esta medida es declarada cuando se pierde la vigencia del orden jurídico.
La última vez que el Senado declaró la desaparición de poderes fue en 1975, para remover al gobernador de Hidalgo.
Desde el 27 de septiembre, 43 normalistas de Guerrero permanecen desaparecidos después de ser atacados por policías y presuntos miembros del crimen organizado, que dejó un saldo de tres estudiantes muertos, un chofer, un futbolista y una mujer que viajaba a bordo de un taxi.
Empresarios consideran que la violencia que se ha generado en Guerrero definitivamente ha afectado la actividad económica. (Archivo)
