El asesinato de un alumno de secundaria a manos de un compañero es signo de alarma no sólo para las autoridades educativas, sino para las de salud y las de prevención. Este caso indigna a toda la sociedad y debe prender las sirenas en los gobiernos municipales y el estatal.
Este no es un caso de “bullying”, es un crimen que debe ser castigado conforme a la ley. El presunto responsable ya está internado y será juzgado.
El término de acoso escolar aquí no cabe, hay que decirlo con todas sus letras: esto fue un asesinato y ante tal situación, los familiares de la víctima exigen justicia y las autoridades deben castigarlo.
Lamentablemente, las acciones del Gobierno siempre se aplican después del hecho.
Desde hace años se insiste que el acoso escolar o “bullying” puede derivar en agresiones más allá de una burla, pero hasta la fecha poco se ha avanzado en el tema.
A raíz del asesinato de Axel a manos de un compañero, con un arma blanca, las autoridades aplicaron el Operativo Mochila en esa escuela secundaria número 5 en la capital del estado, sin embargo esa medida no garantiza que las agresiones paren dentro de una institución educativa.
A la par de que se conoció este caso, dependencias estatales y municipales anunciaron que buscarán reducir el número de menores infractores y evitar que se conviertan en delincuentes, a través de un programa de atención integral que se espera esté listo para el mes de noviembre, en el cual los menores que salgan de la correccional, sean obligados a atender un protocolo en el cual sus padres se vean involucrados para evitar que se conviertan en delincuentes.
El problema radica en que las autoridades siempre actúan después de que sucede alguna tragedia y no tiene la capacidad de aplicar medidas o programas que las eviten.
Mientras no exista compromiso de las autoridades por evitar la violencia no sólo en escuelas sino en todos lados, el país seguirá con los mismos índices que hoy lo mantienen como uno de los más violentos del mundo.
