Los sucesos de Tlatlaya, donde aparentemente fueron ejecutadas -que no abatidas- 22 personas por militares, vuelven a poner en entredicho la pertinencia del Ejército en el combate contra el crimen organizado, pues como mucho se vio durante el gobierno de Felipe Calderón, se presta a numerosas violaciones de derechos humanos y garantías individuales de ciudadanos, lo mismo delincuentes que no.
Es el equivalente a la "guerra sucia" de los setenta, donde guerrilleros eran sujetos de desapariciones y torturas, lo que se pretendía justificar por considerarse a tales personas una amenaza armada contra el Estado. Pero nada justifica que delincuentes -presuntos o reales- deban ser violentados en sus derechos básicos a ser sujetos a un proceso legal sin ser torturados o sumariamente ejecutados.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha defendido al Ejército diciendo que lo ocurrido en Tlatlaya "será la excepción, porque tenemos un gran Ejército y por eso es que tenemos que trabajar para que, si sucede este tipo de cuestiones, se pueda observar que es sólo una acción aislada y no un comportamiento (regular)" de las Fuerzas Armadas. (26/sep/14). Pero muchos dicen -no necesariamente en un tono apologético, pero sí explicativo- que los militares no están preparados para llevar a cabo acciones policiales, que implican preparación para respetar los derechos humanos de los detenidos. Dicen que los militares están entrenados para matar, para atacar sin mayores miramientos al enemigo. Si eso fuera así, entonces viene al caso revivir la propuesta que algunos estudiosos han hecho ya hace tiempo de convertir al Ejército mexicano en una gran Guardia Nacional; es difícil que a estas alturas enfrentemos militarmente a una nación enemiga que pretendiera invadirnos. Y es que nuestros vecinos son mucho más fuertes o mucho más débiles como para que se rompan hostilidades de ese tipo. Y tampoco estamos en la mira de otros países lejanos.
Por lo cual, si el Ejército en la práctica está concentrado en cuestiones internas de seguridad pública, pues entonces tendría que transformarse en un organismo preparado para tales contingencias, para detener antes que matar a los delincuentes o sicarios del crimen organizado, o incluso guerrilleros que haya por ahí o que puedan surgir en el futuro. Una guardia nacional con el número de efectivos y presupuesto que se le destina a las Fuerzas Armadas, pero con una preparación y entrenamiento de sus miembros acorde a las tareas que en la realidad se les adjudica.
Sé muy bien que dicha propuesta suena utópica por tratarse el Ejército de una institución rodeada de un halo patriótico y mítico, lo que constituye otro dogma más de los muchos que tenemos y que se vuelven en imprácticos e irracionales, por estáticos e intocables. De ahí que por muchos años no hubiéramos estado dispuestos a que nuestros militares participaran en acciones externas bajo la cobertura de Naciones Unidas, algo que recién replanteó en ese foro Enrique Peña Nieto. Se ha dicho en el Senado que esas nuevas funciones deben realizarse gradualmente y con entrenamiento de por medio, pues se trata de tareas complejas y meticulosas. Así es. Pero justo por ello es que también para las tareas internas que se le han confiado al Ejército, es que debiera sufrir una transformación radical en su estructura, concepción y adiestramiento.
La decisión tomada por Peña Nieto frente a Naciones Unidas debiera pues ir acompañada de un debate sobre la pertinencia de mantener a nuestras Fuerzas Armadas en el mismo concepto que en el siglo XIX. La modernización de la que en general habla Peña Nieto, que debe revisar y cuestionar los grandes dogmas nacionales, debiera también abarcar al Ejército para adecuarlo a las funciones que hoy realiza. De lo contrario, seguiremos atestiguando casos como los de Tlatlaya o las muchas violaciones a derechos humanos que los militares cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón.
Profesor del CIDE
