Código Penal. Legisladores buscan evitar el cobro con prácticas abusivas de los deudores, familiares y avales.
Impondrán prisión de seis meses a dos años al acreedor o su representante que hostigue, engañe e intimide para requerir un pago ya sea al deudor, aval o referencia, mientras que a quien usurpe la identidad de otra persona con este fin, estará en la cárcel entre dos y seis años.
Además de cárcel, se contempla una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, a quien recurra al abuso para cobrar.
De esta forma el Congreso del Estado busca poner freno a acreedores, representantes, instituciones bancarias, tiendas departamentales o cualquier otra institución crediticia, que con el argumento de solicitar pagos o abonos por un adeudo adeudo, llevan a cabo prácticas abusivas.
Los diputados Rosauro Meza Sifuentes y Agustín Bernardo Bonilla Saucedo, presentaron ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a los códigos penales del estado, relacionados con este tema.
Aseguran que se busca evitar engaños, hostigamiento o intimidaciones, usando medios ilegítimos como documentos falsos, llegando a la vez a confluir otros delitos como las amenazas o el daño a la integridad mediante agresiones.
