Consulta. Artur Mas (c), y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (d), saludan a los manifestantes. (EFE)
Contra la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender cautelarmente tanto la ley de consultas como el decreto de convocatoria del referendo soberanista, tomada ayer, se manifestaron ayer por la tarde varios miles de personas en las cuatro capitales catalanas y numerosas poblaciones de esa región nororiental.
La mayor concentración se registró en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde se encuentra las sedes del gobierno autonómico y del ayuntamiento, y en la que alrededor de cinco mil personas mostraron su rechazo a la medida judicial del TC con lecturas de manifiestos y gritos independentistas que concluyeron sin mayores incidentes. Miles de ciudadanos protestaron ayer frente a sedes de ayuntamientos en la comunidad de Cataluña, noreste de España, contra la suspensión de la consulta independentista por parte del Tribunal Constitucional.
La manifestación más numerosa fue la que se realizó en la Plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, donde miles de personas, líderes políticos y promotores de la consulta se reunieron para defender el derecho a votar.
El pasado sábado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmó la convocatoria a una consulta independentista el 9 de noviembre próximo, pero la impugnación del gobierno a la medida causó la víspera la suspensión temporal por parte del Tribunal Supremo.
El gobierno catalán informó ayer martes que suspende temporalmente la organización de la consulta, en tanto presenta las alegaciones para su defensa.
A pesar de la lluvia, la manifestación llenó la Plaza Sant Jaume y sus alrededores, donde además de los paraguas se veían las banderas catalanas independentistas ("Esteladas") y las camisetas amarillas que han lucido en otras movilizaciones a favor de la independencia.
En la lectura del manifiesto, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (promotora de la consulta) Carme Forcadell, aseguró que una gran mayoría de ciudadanos catalanes reclama el derecho a votar, que son soberanos y que nadie podrá parar su deseo de democracia.
Las manifestaciones se han repetido en numerosas plazas de ayuntamientos de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.
El Gobierno de la región de Cataluña decidió y suspender la campaña institucional para la consulta de carácter soberanista que fijó para noviembre próximo, sobre la que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, advirtió de la ilegalidad de promocionar esa convocatoria.
El presidente regional catalán, Artur Mas, firmó el pasado sábado la convocatoria para el 9 de noviembre de una consulta en la que los ciudadanos de Cataluña (7.5 millones de habitantes) se pronuncien acerca de la soberanía de esa comunidad autónoma española y, eventualmente, de su independencia.
Esa consulta fue recurrida el lunes por el Gobierno central y, horas más tarde, el Tribunal Constitucional (TC) decidió admitir a trámite el recurso, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la consulta.
El Ejecutivo catalán, reunido en Barcelona, acordó ayer a su vez suspender temporalmente la campaña institucional que pensaba llevar a cabo para promover la convocatoria, pero su portavoz, Francesc Homs, hizo hincapié en que "la partida continúa".
Confía así que, cuando estudie el fondo del asunto, el Constitucional termine por admitir la legalidad de la consulta en las próximas semanas, de modo que se celebre el 9 de noviembre.
Para ello el Gobierno regional presentará en breve alegaciones ante el Constitucional, porque el Ejecutivo catalán "no pliega velas" y, además, cuenta con que los ciudadanos se movilicen en favor de la consulta, añadió.
El portavoz del Ejecutivo catalán descartó que el parón dado al proceso por el TC dé lugar a elecciones anticipadas y aseguró que Artur Mas se reunirá en los próximos días con los líderes de las formaciones nacionalistas que apoyan la consulta para analizar la situación.
La paralización de la campaña institucional se justifica en garantizar la "seguridad jurídica" de los funcionarios públicos que tuvieran que participar en esos actos de promoción, según Homs.
"Algunos ya querrían haber liquidado la partida, estamos en un contexto de suspensión cautelar, no se ha anulado nada. La partida no está acabada, todo lo contrario", afirmó Homs, para quien la medida adoptada por el TC es una "operación de Estado de interés político".
Mientras en Barcelona las autoridades regionales adoptaban esa decisión, en Madrid se pronunció ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien advirtió a los nacionalistas catalanes de que incumplir la decisión del Tribunal Constitucional es incompatible con la democracia.
