La gestión de Enrique Peña Nieto atraviesa por una encrucijada que la puede marcar ante la historia. Se resume en una palabra: Tlatlaya.
Todo proceso civilizatorio encuentra un anclaje fundamental en la regulación de la violencia. Los códigos penales y militares especifican qué debe entenderse por defensa propia, por proporcionalidad ante una agresión. Toda fuerza pública debe seguir un principio, sencillo de entender, difícil de aplicar. En el caso de tener que acudir a ese expediente inevitable que es el uso de la violencia, se deberá intentar que no haya pérdida de vidas, que en todo caso haya detenidos, potenciales culpables, que deberán ser amparados en todo momento por un debido proceso. El estricto apego a esos códigos de actuación, se ha convertido en el inviolable rasero para monitorear la forma de operar de las autoridades.
México ha venido construyendo instituciones, la CNDH en particular y sus correspondientes estatales, para caminar hacia un ideal de comportamiento. Los derechos humanos abarcan áreas muy diversas, se trata de una cultura que gira alrededor de ese eje. La tarea es delicada pues supone la adaptación de leyes de diversa índole, códigos penales, pero también laborales, acatamiento de convenciones internacionales. Sin embargo, el área más sensible sigue siendo el de las confrontaciones entre autoridades y la ciudadanía, los ejemplos son múltiples, de Acteal, Aguas Blancas o El Bosque, a Atenco o las calles de la Ciudad de México. En esas andábamos, observando que las Recomendaciones de la CNDH se cumplan y que las autoridades capaciten a los elementos a cargo de los operativos, cuando el escenario se complicó.
Calderón decidió declarar la guerra al narco y al carecer de una corporación especial sacó a las Fuerzas Armadas a las calles. Las noticias de violaciones a derechos humanos o incluso ejecuciones sistemáticas empezaron a aparecer. Los reportajes periodísticos y las investigaciones arrojaron luz a las sospechas. En noviembre de 2011 Nexos publicó un trabajo pionero de tres investigadores (C. Pérez Correa, C. Silva Forné, R. Gutiérrez Rivas) que establecía un Índice de letalidad que midió las proporciones de bajas, muertos, entre las fuerzas públicas y los presuntos responsables. En todos los casos había más bajas entre los presuntos responsables. El hecho se podría explicar por la preparación y el equipo.
Pero lo más interesante fue la desproporción encontrada. La Policía Federal registró la operación más profesional, pues tenía una relación de un elemento oficial muerto por 1.4 del otro lado; en el Ejército la relación fue 1 por casi 14 y finalmente la Marina con más de 34 muertos de los presuntos responsables por cada miembro de esa arma. Ni el Ejército ni la Marina llegaban con ánimo de detener. En parte fue eso lo que produjo una espiral incontenible de violencia. La forma como se atrapaba a los narcos y se les exhibía ante la opinión pública era una afrenta a lo que el sociólogo Diego Gambetta ha denominado "Los códigos del inframundo". Violencia que generaba más violencia, venganza sobre venganza en un encadenamiento sin fin.
Cuando Peña Nieto llegó al poder muchos esperaban que hubiera un giro espectacular en la estrategia. Pero la persecución prosiguió contra los pronósticos de que la nueva gestión pactaría. Hay cambios que parecieran sutilezas, pero no lo son. Primero un Secretario de Gobernación que asumió su rol como coordinador de la estrategia federal. La subdivisión del país en regiones gobernadas por distintos partidos, ha empezado a dar frutos. Los Secretarios de Defensa y Marina han dado señales claras hacia el exterior de que van juntos en esta misión. Pero también al interior de las corporaciones la señal es de unidad, comenzando por los retratos oficiales de ambos en todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas. El qué hacer no cambió, sí el cómo. Son los mismos elementos actuando diferente.
Ese cambio en la forma de actuación empezó, lentamente, a dar resultados. El 12 de agosto el Secretario de Gobernación dio a conocer una disminución significativa de los tres delitos centrales -homicidios, secuestros, extorsión- en el llamado "Escudo Centro", que abarca a siete entidades. Pero la opinión pública en México desconfía, y con razón, de las cifras oficiales. Sin embargo "Alto al Secuestro" también ratificó la tendencia. Aún más espectacular fue el reporte de la CNDH de julio pasado que informaba de una caída de más del 72 % de las quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos. Se dice que el presidente de esa institución suaviza los escenarios para conseguir su reelección. Fui miembro de su Consejo Consultivo. Quiero pensar que son especulaciones y que la CNDH es eso, una institución.
Por eso en Tlatlaya Peña Nieto se juega mucho. La detención de ocho militares abre la expectativa de encontrar la explicación de esa masacre, explicación que se le debe a la sociedad, y la esperanza de que no habrá retorno a la barbarie.
