Sola. La bodega de la tragedia es vigilada por la policía estatal y federal en el Estado de México.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, instó ayer al Gobierno mexicano a realizar una investigación "rápida e independiente" sobre la muerte de 22 civiles en Tlatlaya.
A través de un comunicado, el relator aseguró que este podría tratarse de "un caso de ejecuciones sumarias" y exigió también al Ejecutivo que garantice "la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos".
Según la versión oficial difundida hasta ahora por el ministerio de Defensa mexicano, los 22 civiles fallecieron en un choque armado registrado en Tlatlaya, en el central Estado de México, después de que presuntos delincuentes abrieron fuego a un grupo de militares.
Esa versión fue puesta en entredicho por una testigo que dijo a la revista Esquire Latinoamérica que en el enfrentamiento murió sólo uno de los civiles, mientras los demás se rindieron y, tras ser interrogados, los soldados los mataron horas después.
Tres mujeres sobrevivieron, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado.
La semana pasada fueron detenidos ocho militares implicados en los hechos y puestos a disposición de un tribunal castrense, una decisión que fue celebrada ayer por el relator de la ONU.
"La detención de ocho de los soldados sospechosos de haber participado en esas muertes es un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes", dijo Heyns, quien advirtió de que va a observar "de cerca" el progreso en la investigación.
El relator pidió al Gobierno mexicano medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio su testimonio y las otras dos detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo y los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron.
