Ideal. La pretensión es proteger a los niños de todo el país con leyes más robustas.
El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad y en general el proyecto de decreto para expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
En la sesión ordinaria de ayer lunes, el presidente en turno de la Mesa Directiva, Arturo Zamora Jiménez, destacó la aprobación con cien votos a favor y cero en contra, el nuevo ordenamiento legal que garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los menores de edad, conforme la Constitución y los tratados internacionales.
Asimismo se crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y dispone que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que los involucre.
Se precisa que son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18.
La asamblea aprobó incorporar al dictamen modificaciones a 35 artículos que presentaron las comisiones unidas, a fin de agregar la obligación de establecer acciones que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas en el sistema educativo nacional, facilitar su reingreso y promover su egreso.
También se acordó que las autoridades correspondientes deberán diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones.
Se añadió que niñas, niños y adolescentes tengan derecho a la libertad de convicciones éticas y no ser discriminados por ejercerlas.
Además se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de establecer lineamientos para que los concesionarios de radiodifusión incluyeran en su programación espacios de promoción de los derechos de los menores en los que puedan expresar libremente sus pensamientos, ideas, propuestas y críticas sobre aspectos relacionados con la niñez.
Los legisladores también acordaron que las autoridades deberán adoptar medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes.
En el artículo 148, que contempla infracciones a esta ley en el ámbito federal, se suprimió la palabra "y de quien dirija medios impresos", para precisar que se considera como delito de los concesionarios de radio y televisión la difusión o transmisión de imágenes, voz o datos que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de menores o que hagan apología del delito.
Los senadores precisaron que cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de menores, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Aclararon que en los casos en que niños de origen extranjero cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán todas las facilidades.
'Necesitan colaborar'
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, demandó a las instituciones del Estado colaborar para proteger los derechos y la integridad de la niñez mexicana.
El ministro detalló que 21.2 millones de menores de edad padecen pobreza, lo que representa 53.8 por ciento de la población con menos de 18 años, mientras que 4.7 millones viven con pobreza extrema.
El magistrado afirmó que la situación de urgencia y vulneración de los derechos de los más pequeños exige actuar.
Ellos necesitan vivir en ambientes libres de violencia, donde el cabal cumplimiento a sus derechos humanos sea su contexto natural de vida, expuso el servidor público, quien destacó la labor y el claro compromiso constitucional del Poder Judicial en ese esfuerzo.
Muestra de ello es que los juzgadores siguen proveyendo resoluciones jurisdiccionales que fomentan que tanto niños como niñas crean cada vez más en las instituciones.
El magistrado Silva Meza recordó que el PJ propuso a los 23 países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana elaborar un protocolo de actuación judicial para grupos vulnerables, proyecto que se presentó en Chile en abril de este año y que fue aprobado por unanimidad.
Detalló que con este protocolo se logró que los Poderes Judiciales de Iberoamérica tengan un documento de aplicación regional, fundado en tratados internacionales de derechos humanos, que sistematice principios y buenas prácticas judiciales para el acceso pleno a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.
El ministro Silva también recordó que la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la Suprema Corte y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desarrollaron el curso virtual "Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia".
