Firme. Mario Luna considera que su caso es político y no judicial, por lo que cree debe salir libre de inmediato.
Amnistía Internacional (AI) expresó ayer su preocupación por la situación del activista indígena Mario Luna, detenido el pasado 11 de septiembre por su presunta participación en el supuesto robo de un auto y el secuestro de una persona.
"Con frecuencia en nuestro país los activistas indígenas como Mario Luna enfrentan cargos penales falsos formulados para disuadirles de continuar con sus reclamaciones legítimas de derechos humanos", afirmó director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz.
Luna, traductor y portavoz de la comunidad indígena yaqui con sede en la localidad de Vicam, ha encabezado las protestas y acciones judiciales para detener la construcción y el funcionamiento del Acueducto Independencia, que toma agua del río Yaqui, en la represa de Novillo, en el estado de Sonora.
Hace 11 días fue detenido por la Policía Estatal Investigadora de la Procuraduría General de Justicia de Sonora al cumplir una orden de detención emitida en 2013, por su presunta participación en el supuesto robo de un automóvil y el secuestro de Francisco Delgado, miembro de la comunidad yaqui vinculado al gobierno estatal.
AI recordó en un comunicado que en junio de 2013, Delgado aparentemente embistió con su automóvil a los manifestantes que participaban en una manifestación contra el acueducto. Los miembros de la comunidad lo aprehendieron y lo mantuvieron retenido durante dos días.
Después la esposa de Delgado presentó cargos contra Luna y otros tres dirigentes por privación ilegal de la libertad y robo de automóvil.
AI indicó que "ha examinado las pruebas presentadas contra Mario Luna y teme que la causa" en su contra "esté sesgada" y tenga una "motivación política" por su destacado en las protestas contra el Acueducto Independencia, que afecta el acceso al agua de la comunidad yaqui.
Un tribunal ordenó el 17 de septiembre procesar a Luna, señaló la agrupación defensora de los derechos humanos, y destacó que la imputación de cargos penales por motivos políticos es una práctica relativamente habitual en el ámbito estatal.
Por ello, AI estimó "importante que las autoridades garanticen la imparcialidad de todas las investigaciones criminales, un juicio justo y que se respete su derecho a no ser objeto de cargos penales con motivación política".
El Acueducto Independencia pretende llevar al año unos 75 millones de metros cúbicos de agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, que ha padecido repetidas sequías durante los últimos años.
El año pasado la Suprema Corte de México determinó que el Gobierno de Sonora debía suspender la operación del acueducto si se demuestra que la obra causa un "daño irreparable" a la comunidad yaqui.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió recientemente al Gobierno federal un informe sobre las medidas de protección a los yaquis por la construcción de la obra y una explicación por el incumplimiento de un fallo del Supremo sobre una consulta libre e informada a esa comunidad sobre el proyecto.
